De Nostián a Santa Icía, un conflicto político a cuenta de los residuos

Montse CARNEIRO A CORUÑA / LA VOZ

ARTEIXO

cesar quian

La sanción de la Xunta a la gestora de la planta coruñesa y el proyecto avalado por Arteixo enzarzan a los dos gobiernos

13 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

A las ocho de la tarde del lunes el pleno de A Coruña aprobó con el voto en contra del PP una moción para pedir a la Xunta que paralice la tramitación de la planta de residuos industriales promovida por la empresa Gesmaga en la parroquia de Santa Icía de Arteixo por sus «gravísimas carencias ambientales» y su cercanía, de menos de un kilómetro, a Novo Mesoiro, Feáns y la urbanización Breogán. Seis horas antes, el Concello de Arteixo, gobernado por Carlos Calvelo (PP), anunciaba «una reclamación de información» al Ayuntamiento de A Coruña sobre los dos vasos del vertedero de Nostián, «que acumulan toneladas sin tratar al aire con las consiguientes molestias para la población». Las dos iniciativas, demasiado coincidentes en el tiempo, el asunto -la gestión de los residuos- y la motivación -las quejas vecinales de un lado y otro del límite municipal-, han sacado a la luz sendos conflictos que nada tienen que ver entre sí, pese al embrollo y la oportunidad política que puedan brindar a dos municipios vecinos y mal avenidos.

Nostián

¿Cuál es la situación de los vertederos? Albada, una empresa filial de ACS a la que el gobierno de Francisco Vázquez concedió la gestión de la planta de Nostián en 1997, acaba de ser expedientada por la Consellería de Medio Ambiente por incumplir la orden de sellado de los dos vasos, que debía acatar antes del 30 de junio. El Concello de Arteixo asegura que ese plazo viene dado por «una sentencia judicial» y ayer anunció que «se personará en el conflicto judicial abierto» para conseguir el sellado.

  

¿Hay sentencia contra Albada? No. Albada está inmersa en un lío administrativo a raíz de la renovación por parte de la Xunta de su «autorización ambiental integrada». En aquella resolución la consellería le advertía que era de su incumbencia -y no del Ayuntamiento de A Coruña, propietario de la planta- el sellado de los vasos. La empresa presentó alegaciones y la Xunta le dio la razón. Pero el verano pasado el gobierno coruñés recurrió esa decisión y Medio Ambiente también atendió sus alegaciones. La concesionaria acudió entonces al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y sigue a la espera del fallo del juez.

¿Por qué Albada no ejecuta el sellado? Mientras no se resuelva el contencioso, Albada deberá acatar la orden de sellado y la sanción que pueda derivarse del expediente que acaba de abrir la consellería que dirige Beatriz Mato. Ahora la empresa ya ha alegado que no puede cerrar el vertedero mientras el gobierno local no autorice el proyecto que, según fuentes de la compañía, se encuentra en algún despacho de María Pita desde el 2010.

  

¿Cómo es la relación con el Ayuntamiento? Cautiva de los pleitos. Ambas partes se juegan decenas de millones de euros en los tribunales en procedimientos que se prolongan cuatro, seis, ocho años. Todos, por impagos, actualizaciones de cuentas, incremento de costes laborales, desequilibrios económicos derivados de la ampliación de la planta, el crecimiento de la población o el volumen de los residuos, esgrime la concesionaria. Diferencias que llevaron a la empresa a reclamar en una de las causas 32 millones de euros, que el juez dejó en algo más de 4 en febrero de este año. Y que empañan cualquier atisbo de solución, sobre todo cuándo aún queda por dirimir a quién le corresponde el sellado y su descomunal coste.

Santa Icía

¿Por qué se enfrentan los dos concellos? Arteixo mostró su conformidad con la planta promovida por Gesmaga -si cumple los requisitos de Medio Ambiente, condicionó Calvelo- porque resolvería, entendió el alcalde, la proliferación de vertederos incontrolados. En A Coruña, sin embargo, los tres grupos que aprobaron la moción para su paralización -Marea, PSOE y BNG- afirman que el proyecto de las instalaciones no se sostiene legalmente, porque se asentarían sobre suelo rústico, muy cerca de núcleos poblados y sin las garantías mínimas. La concejala de Medio Ambiente detalló que ni siquiera el Plan de Xestión de Residuos Sólidos de Galicia (Priga) aconseja nuevas plantas.