La operación está relacionada con la denuncia presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales de la compañía contra la venta de la empresa ante la Audiencia Nacional
05 mar 2021 . Actualizado a las 08:15 h.Tres personas han sido detenidas este jueves en un operativo policial en el que la Policía Nacional han registrado las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña, anteriormente propiedad de Alcoa, así como varias oficinas de Madrid, Málaga y Castellón para investigar la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías alumineras.
Los tres detenidos, dos en Madrid y otro en Málaga, declararán el viernes ante la Audiencia Nacional, al igual que una cuarta persona que iba a ser arrestada en Castellón, han informado fuentes jurídicas. Todos ellos declararán por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ya ha declarado la causa bajo secreto de sumario, informa EFE.
La intervención policial, dirigida por este juzgado y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha incluido once registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados. Según ha detallado la Dirección General de la Policía Nacional, la investigación «persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones».
En el operativo han participado más de un centenar de funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de las plantas alumineras, los agentes estuvieron realizando los registros desde las 9:00 horas y hasta las 16:30 en el caso de la factoría coruñesa y en torno a las 18:00 en la avilesina, donde la policía requirió a los empleados que dejaran de trabajar para permanecer pendientes a su requerimiento.
La actuación policial estaría relacionada con la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras 18 personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en la venta de las plantas de la compañía en Avilés y A Coruña que podrían ser constitutivas de alzamiento de bienes y estafa, y que el pasado mes de diciembre fue admitida por la Audiencia Nacional. En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio. Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente. Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de A Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018.
El escrito de la querella relata el proceso de venta y concluye que «los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo». La titular del juzgado central de instrucción número 3, María Tardón, explicaba en un auto fechado el pasado 12 de febrero, por el que rechazaba el recurso de apelación de un querellado, que en un «momento procesalmente tan temprano» no es posible afirmar si hubo o no hecho delictivo; lo que trata la instrucción es precisamente «comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia».
Desde el comité de empresa de la planta avilesina se ha expresado la satisfacción de los trabajadores por la intervención judicial para tratar de esclarecer la presunta despatrimonialización de las plantas, si bien se ha insistido en la necesidad de que el Ministerio de Industria dé nuevos pasos para revertir el traspaso de las plantas y garantizar su futuro. Por su parte, el presidente del comité de A Coruña, Juan Carlos Corbacho, ha afirmado que la intervención policial era previsible porque era conocido que la investigación estaba «bastante avanzada».
Fuentes de Alcoa han asegurado que la multinacional ha cooperado en el operativo, a la vez que han recordado que vendió las plantas a Parter Capital en 2019 en una venta avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de trabajadores, que después presentó una demanda contra el fondo de inversión suizo relacionada con el traspaso de acciones al Grupo Riesgo. A este respecto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha insistido en que la venta de las plantas por parte de Alcoa a Parter «se cerró en falso» y ha remarcado que «es evidente» que Alu Ibérica «no puede seguir en la situación en la que está».