La oposición rechaza la posibilidad de reducir el pago por recuperar la cárcel de A Coruña
A CORUÑA CIUDAD
El gobierno local había llegado a un acuerdo para beneficiarse de una quita de 600.000 euros de los 2,8 millones y poder pagar a plazos
29 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La corporación municipal coruñesa debatió durante casi dos horas el acuerdo transaccional entre el Ayuntamiento de A Coruña y la Siepse para que la antigua cárcel de la Torre, que está catalogada, vuelva a ser de titularidad municipal. Tras las densas intervenciones en el pleno extraordinario y urgente celebrado este jueves, finalmente la propuesta de acuerdo no salió adelante, ya que se necesitaba mayoría simple y tan solo votaron a favor el PSOE (con la ausencia de la que hasta ahora fue edila de Deportes, Mónica Martínez), y las concejalas no adscritas Susana Soneira e Isabel Faraldo (10 votos). En contra lo hicieron PP, BNG y Marea Atlántica (15 votos). Así, el Ayuntamiento de A Coruña no consiguió el apoyo suficiente para el acuerdo logrado por Inés Rey para pagar 2,3 millones en plazos en vez de 2,8 al momento que dictamina una sentencia judicial al respecto.
El portavoz del grupo municipal socialista, José Manuel Lage, pidió que la votación se realizase de forma de forma individual y no por grupos, ante la posibles responsabilidades o consecuencias que pudieran derivarse dado que se trata de un acuerdo que afecta al patrimonio municipal, algo que finalmente fue rechazado.
José Manuel Lage explicó que el acuerdo al que llegó el Ayuntamiento con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y Seguridad del Estado (Siepse) suponía poner fin a un procedimiento derivado de una sentencia judicial que instaba al Ayuntamiento de A Coruña a pagar 2,8 millones de euros para cumplir con un antiguo convenio y recuperar la titularidad de la antigua cárcel. Recordó que en octubre del 2005, gobernando el socialista Francisco Vázquez, se firmó un convenio por el que el edificio se reconvertiría en un centro de inserción social. Ambas partes asumía ciertas obligaciones y, en el caso del Ayuntamiento, era abonar 1.122.772 millones y tramitar la modificación del uso de la parcela. En el 2010 la Siepse otorgó la escritura de permuta, pero el Ayuntamiento gobernado por el PP en el 2013 resolvió anular ese convenio y proponer una modificación porque consideraba las condiciones lesivas para los intereses locales. Lage Tuñas indicó que en el 2014 el gobierno local desestimó las alegaciones del Siepse y declaró nulo de pleno derecho el convenio. «O concello incumpriu o convenio e se formularon demandas civís e recursos no Contencioso Administrativo», dijo.
Recordó que el gobierno de Inés Rey intentó en el 2021 buscar una solución menos gravosa con el acuerdo transaccional que se llevó a pleno: «Hai unha sentenza xudicial que di que hai que pagar 2.800.000 euros todo xunto, pero conseguimos una qui de case 600.000 euros e a posibilidade de abonar a prazos. O que teñen que decidir é se están dispostos a pagar dun plumazo 2,8 millóns ou 2,2 a prazos. Opción A ou B. De Barrio Sésamo. Todo o demais é literatura. Todos pasaron antes e tiveron estes papeliños na man. Xa faltaría que fose este goberno municipal o responsable disto. Pero 17 anos despois somos nós os que comemos o marrón», argumentó.
La concejala del PP Rosa Gallego defendió que la reversión del edificio tendría que ser gratuita para A Coruña, ya que es lo propio una vez que finalizó su uso penitenciario. «Nos traen la inocentada del día al pleno», dijo, y recordó que el bipartito PSOE-BNG nunca reclamó la cesión ni cumplió el convenio. Y el 30 julio del 2010 se le requirió al Ayuntamiento cumplir con ese acuerdo. «Pero nos encontramos con un edificio en estado lamentable y fuimos nosotros los que reclamamos el pago del ITE, se exigió a la Siepse el IBI, los gastos de mantenimiento y vigilancia, y se cerró y apuntaló el inmueble. Y eso es lo que se reclama también ahora». Aseguró que el PP intentó recuperar la cárcel de forma gratuita y no pagar dos veces por lo mismo. «No se tendría que haber firmado ese convenio en el 2005: era lesivo para los coruñeses y se hizo sin partida en los presupuestos. No sé si el resultado hubiera sido el mismo con otra línea de defensa. El PP ganó muchas sentencias, aunque esta se perdió, pero es moralmente intolerable», espetó la concejala.
Iago Martínez, concejal de la Marea Atlántica, aclaró que en el pleno no se votaba ninguna sentencia ni estrategia procesal que abrió el PP en el 2013, sino una propuesta del gobierno de Inés Rey. «E ese acordo consiste en pagar 2,3 millóns ao Estado por un edificio que o propio Estado leva condenando a ruína». Dijo que ese dinero no sale de la partida de propaganda, sino de las de igualdad, participación, urbanismo y bienestar. «De feito, a metade da cantidade que o goberno local pensa pagar sae da partida de vivenda», añadió. También aclaró que el convenio del 2005 se gestó «sen informes técnicos previos, sen estar facultado o alcalde para elo, sen crédito orzamentario, sen respectar as leis e sen cláusula de actualización. E dicir, no 2005 se blindou que o edificio valía 3,3 millóns e non incluía cláusulas de mantemento para o Estado. Negocie máis e mellor, non indulte a responsabilidade do Estado do coidado e rehabilitación do edificio e sen ter claros aínda os usos», dijo el concejal de la Marea. Y avanzó que acudirán a la valedora do pobo «se o goberno local segue a ocultar información sobre o futuro do cárcere».
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, recordó que el solar fue cedido en su momento para usos penitenciario y ahora se pide al Ayuntamiento que pague 2,3 millones por la cesión «de algo que é noso e está en ruínas e, aínda encima, sen contribuír á súa recuperación». Añadió que el Estado no cumplió con sus obligaciones de mantener el edificio en buen estado y preguntó si el Concello va a asumir los 30 millones que estiman que costará su rehabilitación. «Deben seguir negociando co Estado e conseguir un acordo xusto», dijo.
La concejala no adscrita Susana Soneira afirmó que se procedió «sen sentidiño algún» y que era de esperar una resolución judicial negativa al incumplir la ejecución del convenio. «Tres lexislaturas sen poñer fin a esta senrazón. Votarei a favor. É un mal menor. As sentenzas téñense que cumprir, gusten ou non gusten», aseguró.
Isabel Faraldo, también edila no adscrita, criticó el «afán» del PP por anular un convenio y castigar y minimizar la credibilidad del contrincante político. «Pero pasaron nada menos que 17 anos de gobernos municipais ata o estado actual. E agora temos o pago da débeda máis o gasto de investimento que haberá que facer para sacar o edificio do seu estado de deterioro».
Cuenta general y Eirís
Ayer se aprobaron la cuenta general del 2021 y modificaciones en la concesión de suplementos de créditos. Aquí se debatió sobre el proyecto del nuevo campo de fútbol de Eirís, ya que la oposición solicitó atender las demandas vecinales y del club para que se instalase una cubierta en las gradas. José Manuel Lage indicó que se hará como un proyecto complementario para no paralizar las obras de construcción que están a punto de adjudicarse.
