El PSOE de A Coruña se queda solo para pagar conciertos del 2023 con 2,5 millones del IMCE

Una decisión del consejo rector del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) causó desencuentros entre los grupos de María Pita. El órgano aprobó este jueves destinar un crédito extraordinario de 2,5 millones de euros a pagar facturas del 2023 —la más antigua, de mayo— y la oposición critica que son abonos «irregulares». Además, todavía queda un millón pendiente de pago, mientras que el presupuesto del año pasado era de 10 millones para el organismo. Esto quiere decir que el Ayuntamiento comprometió un 36 % más de lo contemplado en las cuentas. Al respecto, el interventor emitió un informe desfavorable sobre esta financiación, que salió adelante con el PSOE a favor, la abstención del BNG y el PP en contra, pero el asunto debe ir a pleno.

Sin informe de la Asesoría

El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, tildó lo sucedido de «escándalo» y le exigió a la alcaldesa, Inés Rey, que «ponga fin al descontrol absoluto» en la gestión del IMCE. «Estas facturas corresponden a gastos sin seguir la normativa de contratación, en muchos casos de forma verbal, el famoso "ti vai facendo" y sin presupuesto para pagarlas», señaló Lorenzo, que tildó de «demoledor» el documento del interventor, que «refleja que faltan informes y otros no están firmados por funcionarios». «También señala que falta un informe de la Asesoría Jurídica municipal o del Secretario y el gobierno municipal», aseguraron desde el PP, que explicaron que el gobierno local presentó un informe hecho «por una persona externa» y se preguntan por qué no lo hizo la Asesoría Jurídica municipal. Asimismo, Lorenzo lamentó que «para pagar facturas irregulares del 2023 van a reducir el presupuesto del IMCE de 7,3 millones del 2024 en 2,5 millones».

El Concello defiende la gestión

Después de estas declaraciones, el concejal del área de Fomento e Promoción da Cidade, Gonzalo Castro, apuntó que «non son facturas irregulares porque teñen como obxecto a prestación de servizos relacionadas coa programación cultural da cidade», tanto en lo que se refiere a los cachés artísticos de artistas como a los gastos de producción de eventos. «Os artistas contribuíron de forma clara á promoción da imaxe da cidade e ás empresas vinculadas ao sector cultural que viñan de pasar un período moi complicado coa pandemia», remarcó el concejal, que argumentó que «os servizos teñen que ser prestados acorde aos prezos de mercado».

Por su parte, la edila del BNG Mercedes Queixas detalló que se abstuvo «tendo en conta o informe da intervención, que é desfavorábel e en espera dun informe preceptivo da Asesoría Xurídica que non se nos entregou». Así, condena que el crédito extraordinario no cubre la totalidad de las deudas del IMCE, en relación al millón adeudado. También remarca que el interventor advirtió que la gestión del IMCE fue irregular al comprometerse gastos sin existir «crédito adecuado e suficiente» para financiarlos. «Preocúpanos a inseguridade xurídica que rodea a xestión do IMCE e a cantidade de persoas da cultura —pequenas e medianas empresas, autónomos na súa maioría— ás que aínda se lles deben cantidades, que non cobraron aínda polo seu traballo, o que pon en risco os seus proxectos culturais e de vida».

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