Los socorristas de Castrillón denuncian al Ayuntamiento por discriminación laboral y vulneración de derechos fundamentales
A CORUÑA CIUDAD
La demanda acusa el incumplimiento de varias sentencias firmes que reconocen su condición de trabajadores indefinidos y reclama una indemnización de 7.501 euros para cada uno
24 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El colectivo de socorristas del Ayuntamiento de Castrillón ha decidido llevar al Consistorio ante los tribunales. Los trabajadores presentarán una demanda colectiva —firmada por 36 profesionales— por vulneración de derechos fundamentales, trato discriminatorio y represalias laborales ante el Juzgado de lo Social de Avilés. En su reclamación acusan al Gobierno local del incumplimiento de varias sentencias firmes que reconocen su condición de trabajadores indefinidos y piden una indemnización de 7.501 euros para cada uno, conforme al mínimo legal. Además, consideran que la imposición de una jornada laboral de 40 euros es ilegal, así como la asignación de un complemento de destino por debajo del mínimo legal.
La denuncia llega tras una larga batalla judicial que comenzó hace varios años. «Desde que todo empezó, cada verano trabajamos y cada invierno tenemos que ir a juicio para reclamar lo que nos corresponde», relata Luis Granda como portavoz del colectivo. En su demanda, los socorristas recuerdan que su vinculación con el Ayuntamiento de Castrillón ha sido continuada, desempeñando funciones esenciales en el servicio municipal de socorrismo. Sin embargo, el Consistorio los contrataba año tras año como temporales.
El primer gran hito judicial llegó con una sentencia en 2021 por parte del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, en la que se reconoció la relación laboral de carácter indefinido entre la Administración y los afectados. Sin embargo, el problema no se resolvió ahí. Los socorristas denuncian que, aunque esa sentencia ya consolidaba su estatus como personal indefinido, el Ayuntamiento continuó excluyéndolos del Convenio Colectivo del Personal Laboral, lo que les dejaba sin los mismos derechos laborales, retributivos y organizativos que sus compañeros municipales. Esta exclusión fue nuevamente llevada a los tribunales y dio lugar a una nueva resolución favorable al colectivo. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró en 2022 que dicha exclusión carecía de «justificación objetiva y razonable», vulnerando el principio constitucional de igualdad y el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores. «Ni nos reconocían la jornada de 35 horas que tiene el resto del personal, ni nos aplicaban correctamente los descansos, ni nos pagaban lo que nos correspondía», explica Luis Granda. El colectivo volvió a acudir a los tribunales para presentar reclamaciones individuales por diferencias salariales. Fue el pasado año cuando el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés volvió a darles la razón.
Los socorristas reclaman 7.501 euros de indemnización
Lejos de rectificar, según denuncia el colectivo, el Ayuntamiento adoptó nuevas decisiones que los trabajadores consideran «represalias institucionales». En mayo de 2023, mediante Resolución de Alcaldía, impuso al colectivo una jornada de 40 horas semanales, por encima de las 35 que rigen para el resto de empleados públicos del municipio. La situación se agravó aún más el 14 de mayo de 2024, cuando el Ayuntamiento aprobó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que «asignaba al puesto de socorrista un Complemento de Destino de nivel 9, muy por debajo del mínimo legal exigido para su categoría profesional (C2), que es el nivel 14», denuncian.
La demanda colectiva, que agrupa a prácticamente toda la plantilla del servicio de socorrismo, pide al juzgado que declare la nulidad de ambas decisiones (la jornada de 40 horas y la reducción del complemento salarial), así como el reconocimiento de la vulneración de derechos fundamentales. Además, solicitan una indemnización individual de 7.501 euros, más 300 euros por cada trienio trabajado, en base al daño moral derivado del trato discriminatorio y continuado. «Estamos cansados. Cada año lo mismo. Trabajas todo el verano y luego tienes que ir a juicio para que te paguen lo que ya han dicho varios jueces que te corresponde. Es como luchar contra una pared», resume Granda, quien asegura que han intentado solucionar la problemática con el Ayuntamiento «por la vía del diálogo» sin éxito.