El TSXG admite a trámite el contencioso contra la ordenanza de las viviendas de uso turístico de A Coruña
A CORUÑA CIUDAD
La asociación considera la normativa como una de las más restrictivas de España e insiste en que «incurre en graves vicios de nulidad»
04 sep 2025 . Actualizado a las 15:41 h.La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha comunicado este jueves que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que esta entidad interpuso contra la ordenanza municipal que regula esta actividad en A Coruña «tras las advertencias previas realizadas al Consistorio sobre los graves defectos legales que contiene la normativa».
El decreto judicial, que ya ha sido notificado, requiere al Concello la remisión del expediente municipal completo. Una vez que conste en el Tribunal, se dará traslado a Aviturga para formular la demanda, proceso que «se prevé completar aproximadamente en octubre», señala la asociación.
Aviturga fundamenta su recurso en que la ordenanza contiene «graves vicios de nulidad» al invadir competencias que no son propias del Consistorio. «El Ayuntamiento se atribuye competencias estatales en materia de propiedad horizontal e intenta innovar en la ordenación de actividades turísticas, cuya regulación corresponde exclusivamente a la Xunta de Galicia», explican fuentes de la asociación.
Uno de los aspectos más controvertidos es que «la nueva regulación ignora por completo los derechos adquiridos de quienes cuentan con registro turístico oficial desde 2017 y cumplen escrupulosamente con todas las normativas vigentes, tanto estatales como autonómicas», apunta la entidad.
La asociación denuncia además que la normativa «reproduce literalmente párrafos enteros de otras disposiciones de rango superior», vulnerando el principio de jerarquía normativa. Lejos de resolver los problemas del sector, Aviturga advierte que la ordenanza «podría tensionar aún más el mercado inmobiliario local», ya que considera que «el texto municipal permitiría que cualquier edificio de la ciudad, tanto en el centro histórico como en los barrios residenciales, pueda destinarse íntegramente al uso turístico».
«Esta circunstancia incentivará a inversores y propietarios a transformar inmuebles actualmente dedicados al alquiler convencional en bloques exclusivos para turistas», situación que «perjudicará especialmente a los inquilinos más vulnerables», agrega el colectivo.
Los cálculos de Aviturga apuntan a que aproximadamente el 80 % de las viviendas turísticas actuales no cumplirían con los requisitos establecidos en la nueva ordenanza, calificada por la asociación como «una de las más restrictivas de España».
Aviturga identifica como problema de fondo que el Concello «intenta evitar la modificación de una normativa urbanística obsoleta (el PXOM es de 2013 y el PEPRI de 2015) mediante una ordenanza que no se ajusta a la realidad de la ciudad y que fue elaborada sin considerar que las viviendas de uso turístico fueron reguladas por primera vez en el 2017».
Mientras tanto, apunta la asociación, ciudades como Cádiz, San Sebastián, Bilbao o Toledo «están aprobando normativas que respetan el principio básico de irretroactividad y adaptan sus planes urbanísticos a la realidad actual».
Abierto el frente judicial, Aviturga asegura que mantiene su disposición al diálogo y asegura que «confiamos en que el Ayuntamiento pueda reconsiderar su postura y establezca un diálogo constructivo con los propietarios para encontrar soluciones que garanticen la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del sector turístico en la ciudad».
Desde el PP de A Coruña aseguran que «lo que sucede cuando se aprueban regulaciones sin diálogo con los sectores implicados y sin tener en cuenta las aportaciones de los afectados, como en A Coruña con la de viviendas turísticas, que tampoco ayudará a solucionar el problema de la vivienda, o con la que crea una tasa turística o como la zona tensionada». Además, inciden en «el carácter retroactivo que introduce, porque afecta directamente a los derechos adquiridos por los usos ya implantados por sus propietarios cumpliendo la legalidad anterior a esta ordenanza, a lo que alegó el PP y fue rechazado por PSOE y BNG».