Los concejales de Urbanismo, Diego Taibo, y de Medio Ambiente e Servizos, José Ramón Rioboo, comparecieron ayer en un pleno extraordinario en Culleredo para informar sobre los expedientes municipales que fueron requeridos por los tribunales después de que tres funcionarios locales denunciasen varias irregularidades ante la Policía Judicial. Ambos puntualizaron la situación en la que se encuentran los citados expedientes, aunque a los grupos de la oposición no les parecieron suficientes las explicaciones y pidieron que se concretaran datos y fechas.
El alcalde, Julio Sacristán, tan solo intervino para matizar algunas intervenciones (aclaró que el juzgado ni incautó la documentación ni se ordenó un registro de las oficinas municipales), y para asegurar que tienen «a conciencia moi tranquila», y que cualquier información adicional se dará en el juzgado si es preciso.
En este sentido, el portavoz del PSOE, Diego Taibo, añadió: «Non hai irregularidades nos expedientes nin administrativa nin penalmente, e todos están tramitados correctamente, algún deles están en fase de execución e con multas coercitivas e outros están en proceso xudicial».
Ante las críticas de Alternativa dos Veciños, PP y BNG, quienes coincidieron en indicar que muchos expedientes, aunque se tramitan, después quedan en nada por falta de decisión política, desde el PSOE indicaron que algunos de esos trámites se retrasan por la gran carga de trabajo y la falta de personal. Una explicación que no convenció a los otros grupos. Así, la portavoz de Alternativa, Alicia Ferreiro, insistió en pedir datos más concretos y añadió que difícilmente un policía municipal denunciaría irregularidades sin base, ni un juez inicia una investigación si considera que no hay indicios de delito.
Rioboo le recordó a Ferreiro que algunos de los expedientes requeridos por el juzgado pertenecen a la época en la que ella era concejala de gobierno. Ante eso, la portavoz de Alternativa respondió que lleva una «mochila» política de la que está muy orgullosa y que, curiosamente, cuando era concejala de Economía nunca se le dejó participar en las mesas de contratación.
Por otro lado, desde el gobierno local respondieron ayer a la iniciativa presentada por Alternativa dos Veciños para que se cree una comisión especial de control y vigilancia. Indicaron que esta propuesta confirma la teoría del gobierno local de la intencionalidad política en el denunciante, vinculado, según mantienen, a ese partido. «Es de agradecer que Alternativa dos Veciños se quite la careta y reconozca que pretende una utilización política de dicha denuncia». Indicaron que este grupo tiene «la desvergüenza de inventarse problemas en el acceso a los expedientes requeridos por el juzgado, cuando no los ha solicitado en ningún momento. En cambio, sí lo ha hecho un edil del grupo mixto, al que se le ha propiciado con normalidad la consulta». También aclararon en una nota de prensa previa a la celebración del pleno extraordinario, que el gobierno local accedió a incluir un punto en un pleno extraordinario para informar sobre el estado de cada expediente requerido por el juzgado, a pesar de que es un asunto sub iudice.