El alcalde destaca que se va a pagar a los expropiados y mantener el Concello al día
21 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Miño recibió ayuda del Estado para afrontar el pago de las expropiaciones de Costa Miño y este año toca pagar la primera cuota. Ante esta situación el gobierno local llevará a pleno la próxima semana la amortización de 1.556.109,04 euros, a abonar a la entidad financiera Bankinter, en el marco del Fondo de Impulso Económico.
La capacidad para hacer frente a este pago ha sido un elemento que ha servido para la confrontación política, ya que desde la oposición, el PSOE ha cuestionado las gestiones realizadas por el ejecutivo local para abonar el pago de unos créditos que suman en total 13,7 millones. «Hai moitísimo traballo detrás da amortización desta cota de 1,5 millóns de euros», comentó ayer el alcalde, Ricardo Sánchez Oroza, que remarca que supone un ejercicio de «responsabilidade política» para evitar que se tenga que afrontar el pago de intereses de demora, tras haber intentado, sin éxito aún, que se amplíe el plazo de devolución, e incluso que se condone la deuda.
«Pagar aos expropiados e manter a institución ao día nos seus pagos foron as principais condicións para chegar a un acordo programático de goberno para esta lexislatura», recordó el regidor, que se congratula de que «afortunadamente ao longo destes tres anos puidemos ir cumprindo todos e cada un dos obxectivos fixados: pago aos expropiados, aprobación do Plan Económico Financeiro, racionalización do gasto e mantemento e mellora dos servizos».
El ejecutivo local llevará a pleno, que previsiblemente se convocará el miércoles, una modificación de crédito de las partidas de ingresos por el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y el remanente de tesorería de gastos generales.
Incumplir la ley de transparencia para evitar la responsabilidad penal de un impago
Desde el gobierno municipal de Miño se destaca que habilitar la partida para abonar la primera cuota del crédito del Estado supone una paradoja, «ya que la ley permite amortizar deuda del 2019, pero no del ejercicio en curso, por lo que se incurre en un posible incumplimiento de la ley de transparencia». Esto supone, a su entender, un riesgo disciplinario que el grupo de gobierno asume «porque la otra vía era directamente no pagar, con el perjuicio que se generaría a Miño y a las arcas municipales por los intereses de demora. Además, por la vía del impago se corre el riesgo de incurrir en responsabilidad penal».