El abogado de la distribuidora, que se negó a firmar el acta de ocupación, considera «grave y lesiva» la actuación municipal
27 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El propietario de Taula Distribuciones, que explota la gasolinera de Santa Cruz, sus cuatro empleados y el abogado de todos ellos esperaban ayer la llegada de la comisión municipal encargada de ejecutar la ocupación de la parcela con la tranquilidad de quien tiene la justicia de su lado. El «auto», un documento de dos folios en el que el juzgado de lo contencioso-administrativo señaló hace una semana que la resolución municipal está por el momento suspendida, era su salvoconducto contra la insistente voluntad del Ayuntamiento de Oleiros de expropiar la parcela, pero de nada les sirvió. «No se nos notificó ninguna suspensión», zanjó la concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde, María José Varela, poco antes de que operarios municipales precintasen los surtidores de combustible.
«¿Cómo pueden hacer esto sin una orden judicial? ¿Me puede contestar?», tuvo que escuchar Varela de una sorprendida empleada de la gasolinera, a la que pidió que acudiese mañana al Concello para recibir respuesta.
Aunque el propietario de Taula, Fernando Martínez, se negó a que ocuparan las dependencias de la estación de servicio, no pudo impedir que precintasen las mangueras, que luego los propios empleados cerraron con candados para evitar manipulaciones.
Martínez también se negó a firmar el acta de ocupación después de que la funcionaria municipal no hiciese constar en ella las referencias al auto judicial. El abogado de Taula y de la plantilla reconoció que la actuación del Concello resulta difícil de explicar y lo «suficientemente grave y lesiva» como para estudiar medidas judiciales contra la administración local. El letrado insistió en que tanto la revocación de la licencia como la ocupación de la parcela están suspendidas por distintas resoluciones judiciales que el Concello ignora.
Un pulso arriesgado para el alcalde
El abogado de Taula dijo ayer en que respetarán la decisión del juzgado sobre el futuro de la parcela de Santa Cruz, pero insistió en que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, no puede actuar al margen de la ley. El regidor ya sufrió las consecuencias de actuar sin amparo legal cuando en mayo de 1989 ordenó el derribo de una construcción en Santa Cristina pese a no tener competencias para hacerlo. Fue inhabilitado durante seis años.