La APLU obligó a demoler el año pasado dos construcciones en el área coruñesa, en Oleiros y Carral

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el año pasado dos demoliciones en la comarca de A Coruña, dentro de las 160 ejecutadas en la comunidad. Según los datos hechos públicos, ordenó una en Oleiros, que se llevó acabo a principios de año, el 12 de enero, tras detectar que se había realizado un movimiento de tierras en una parcela, donde se construyó una caseta de madera sobre una solera de hormigón, además de muros de cierre y de contención, así como la colocación de cuatro depósitos de agua. Estos trabajos se habían llevado a cabo en una parcela afectada por una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

El segundo caso fue en Carral. El expediente se abrió porque se construyó una vivienda unifamiliar, en un suelo que tenía la calificación urbanística de rústico. La demolición se llevó a cabo el 10 de septiembre.

Pontevedra, la más infractora

El año anterior, en el 2023, la APLU había obligado a eliminar tres construcción que no se ajustaban a la calificación del suelo. En la comarca coruñesa solo hay tres concellos adheridos a la APLU, que son Bergondo, Coirós y Miño, delegando competencias de inspección.

En el ejercicio pasado el mayor número de reposiciones de la legalidad ejecutadas por este organismo, que se marca «como obxectivo fundamental velar polo uso racional do solo e protexer o noso territorio e a nosa paisaxe», fueron diez más a nivel gallego que el año anterior. El mayor número se registró en la provincia de Pontevedra, 116, seguida de A Coruña (26), Lugo (13) y Ourense (5). Sin embargo, se redujeron las multas coercitivas impuestas por urbanismos en costas, que el año pasado fueron 325 y en el 2023 habían sido 393. Respecto a estas sanciones, también Pontevedra lidera el ránking, con 129, seguida de A Coruña (107), Lugo (55) y Ourense (34).

---

---

---