De sanciones deportivas a la disolución: estas pueden ser las consecuencias de la imputación del Barcelona en el caso Negreira
DEPORTES
El juez determinó que el club azulgrana, así como Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, entre otros directivos, pudieron cometer un delito de cohecho por pagos consumados durante 18 años
29 sep 2023 . Actualizado a las 20:18 h.El juez que instruye el caso Negreira, Joaquín Aguirre, determinó que el Barcelona, como persona jurídica, así como Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, entre otros directivos, pudieron cometer un delito de cohecho por los pagos consumados durante 18 años a José María Enríquez Negreira, mientras era vicepresidente del comité de árbitros. El magistrado consideró que estos hechos se produjeron al haberse realizado las entregas valoradas en 7,5 millones de euros. Cantidad que el Barcelona habría abonado a través de dos sociedades por el asesoramiento técnico de Enríquez Negreira, uno de los tres vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre los años 2000 y el 2018.
Precisamente, las oficinas del CTA, fueron sometidas ayer a un exhaustivo registro, de más de 12 horas, en la sede la Real Federación Española de Fútbol, por parte de la Guardia Civil. El objetivo del mismo, llevado a cabo por agentes del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona, era encontrar documentos relacionados con los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira.
Lo cierto es que, con la imputación por cohecho, el Barcelona se enfrenta a sanciones económicas y deportivas, hasta ahora, sin jurisprudencia en España. Este delito lo cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de una acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Se trata del delito de corrupción por excelencia.
El conjunto azulgrana tendrá ahora que sentarse en el banquillo de los acusados. Para ello, tendrá que nombrar un representante legal que actúe en su nombre, y que no tiene por qué ser un miembro del club. Según el escrito del juez, el Barcelona paró los pagos a Negreira cuando este cesó en su cargo, por lo que entiende que estos «satisfacían los intereses del club».
De confirmarse el delito, el Barcelona, como persona jurídica, podría ser castigado con una multa que podría ir desde el triple al quíntuple del beneficio obtenido durante los 18 años, en las competiciones adulteradas de ámbito nacional. Además de la parte económica, la condena también podría exigir la suspensión de la actividad del club, la inhabilitación para competir e incluso la disolución, en un caso muy extremo.
Bajo este escenario, que afectaría a su participación en competiciones en el ámbito nacional, el club también se podría enfrentar a una sanción deportiva por parte de la UEFA. Según El Confidencial, el organismo continental del fútbol cuenta con un artículo en su reglamentación que abre la puerta a una posible sanción. Se trata del artículo 4, el cual regula los criterios de admisión en las competiciones europeas. Uno de los requisitos es no haber estado involucrado, directa o indirectamente, en actividades destinadas a influir en el resultado del partido, ya sea a nivel nacional o internacional. Así se estipula en el apartado G del artículo, y cuya entrada en vigor data del 2007 (según la investigación del juez, los pagos a Negreira se realizaron entre el 2001 y el 2018).
Al margen de la decisión del juez, la UEFA, como institución privada, se guarda ahora la última palabra. Aún así, el organismo presidido por Aleksander Ceferin se puede abstener de tomar decisión alguna, si ya lo han hecho las autoridades nacionales del país al que pertenece el club. En cualquier caso, el Órgano de Apelación del organismo continental suspendió este verano sus procedimientos relativos a la admisión del Barcelona a las competiciones europeas de este curso, aunque advirtió de que podrían ser reanudados de oficio o a petición de los Inspectores de Ética y Disciplina encargados del caso. Habría dos vías de sanción: la disciplinaria, que podría llevar más tiempo; y la de su participación en torneos continentales, que sería más inmediata. La postura, por el momento, es esperar a que haya una sentencia en firma para tomar una decisión oficial.
En el caso de España, sería la Ley del Deporte las que podría actuar por la vía administrativa, pero según explicó el presidente de LaLiga «el expediente está preescrito». «Las leyes no se pueden hacer retroactivas en este tema. Todos estamos intentando corregir nuestros estatutos, debería ser así en la nueva ley del deporte. Es muy corta la prescripción, porque estas cuestiones tardan en aflorar. Nosotros estamos muy implicados. Es una pena que no exista ese arma para llegar hasta el final en el ámbito deportivo», agregó, antes de mostrarse partidario de las sanciones de «reducción de puntos». «Es una medida adecuada», afirmó.
Otros antecedentes en Europa
La UEFA si estableció jurisprudencia en este tipo de casos. Otros clubes recibieron sanciones deportivas tras verse involucrados en amaños de partidos. El primer caso conocido fue el del Olympique de Marsella, en la temporada 1944-1995, cuando fue castigado sin competir en la Champions tras comprar un partido contra el Valenciennes. Cuatro temporadas después, en la 98-99, el Anderlecht fue excluido con la misma acusación.
En el 2009, el FK Pobeda de la liga de Macedonia, fue sancionado con ocho años de prohibición para participar en competiciones europeas por manipular el resultados del partido de la ronda previa de la Liga de las campeones frente al FC Pyunik. Además, sancionó de por vida para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con el fútbol a su presidente y a un jugador.
El seis veces campeón de Albania, el KF Skënderbeu, también fue excluido de todas las competiciones continentales durante diez años, además de una multa de un millones de euros, por manipular el resultado en más de 50 partidos.
El caso más reciente y quizás, el que más repercusión ha tenido en los últimos tiempos, fue el del Juventus. El pasado mes de julio, la UEFA comunicó la sanción deportiva y económica el equipo italiano, en el que le prohibía su participación en la vigente edición de la Conference League, y una multa de 20 millones de euros, aunque en este caso, el motivo no está relacionado con la adulteración de la competición, sino con el caso de la plusvalías. Dirigentes del club adulteraron el valor real de sus jugadores con el objetivo de ser estables en sus balances económicos y no ser castigados por superar el fair play.