Marta Oviedo dejará en verano el Concello de Lalín, donde su labor fiscalizadora hizo pasar apuros a Crespo y a Cuíña
19 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Lalín se quedará a principios de verano sin quien durante los últimos nueve años ha ejercido uno de los puestos clave en su organigrama técnico: Marta Oviedo Creo, interventora desde el año 2008 en comisión de servicios en la capital dezana, que dejará Lalín para incorporarse a su plaza de tesorera en el Concello de Boiro, cerca de su localidad natal de Noia. Dejará el ayuntamiento una interventora rigurosa, que ha ejercido en Lalín en una época difícil.
Arribó a Lalín prácticamente con la llegada de la crisis, una circunstancia que pocos años después, con la entrada de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, hizo sentir a cada Concello una lupa gigante sobre cada gestión económica, en un intervencionismo del Gobierno central en la autonomía municipal sin precedentes. Con los ayuntamientos obligados a cumplir a rajatabla leyes como la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la interventora saliente le tocó en más de una ocasión decir no a quien gobernase la capital dezana. Su labor fiscalizadora hizo pasar apuros en más de una ocasión al ejecutivo de antes, y al de ahora.
Crespo no ocultó sus discrepancias con ella en más de una ocasión: sucedió, por ejemplo, en el pleno de aprobación de los presupuestos municipales del 2013, incómodo por tener que llevar a sesión la no disponibilidad de fondos de la extra de los funcionarios que obligó a recortar el Gobierno central. No lo exteriorizó el exregidor, pero también se debió a la interventora la inusitada rapidez con que Lalín celebró en junio del 2011 el pleno de organización que fijaba las retribuciones de la corporación, entre otras las dedicaciones exclusivas de Crespo, Paz Pérez y Antonio Rodríguez. Ante el riesgo de no cobrar sus salarios y los del personal de confianza hasta que la corporación los aprobase, el pleno se celebró solo cuatro días después de tomar posesión, frente a las cerca de tres semanas que se tardó en el 2015.
Pero si la situación fue tensa con el anterior ejecutivo, más lo es con el actual. El gobierno de Rafael Cuíña se ha topado en numerosas ocasiones enfrente la rigurosidad de la interventora. No hay más que recordar los más de 300 reparos ?algunos suspensivos? a pagos de facturas del Concello lalinense que se contabilizan este mandato, con independencia de que las cantidades fuesen pequeñas. Unas observaciones que han llevado al ejecutivo actual, como en el pasado al anterior, a licitar paulatinamente los suministros al Concello como ha marcado la técnica. Y si Crespo mostraba sus desavenencias en plenos, que son públicos, con el cuatripartito se conoce incluso algún desacuerdo a puerta cerrada, porque se pueden leer en acta de junta de gobierno discrepancias entre técnica y gobierno, como en el pago de un informe para el ENIL de Casas Vellas.
Un contexto que muestra que la marcha de Oviedo Creo supera la consideración de un simple cambio de caras en Intervención. Atrás deja, junto con las demás integrantes de ese departamento, una gestión rigurosa en la parte económica que también ha servido para que los munícipes, los de antes y los de ahora, hayan podido presumir de indicadores positivos y de finanzas saneadas en el Concello de Lalín. Un mérito colectivo, en el que también están los técnicos.
Gestión del EDUSI
Los presupuestos del 2017 serán los últimos con Marta Oviedo al frente de Intervención. Quien la sustituya tendrá un reto importante: la gestión de los más de seis millones del EDUSI. Un programa que marca unas estrictas condiciones: hasta incorpora una comisión antifraude específica.
Nueva reclamación laboral en el Concello y llegada del arquitecto Javier Bugallo
Y en los movimientos del personal municipal de Lalín, si Oviedo Creo se va quien ha regresado ya es Javier Bugallo. El arquitecto, principal artífice del Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en febrero del año 1999, acaba de reincorporarse a su puesto de trabajo en la capital dezana, después de que un juzgado de lo social declarase su despido como improcedente tras acreditar su relación laboral con el Concello desde hacía más de una década, encadenando contratos sucesivos. El jueves comparecía con el edil de Urbanismo, González Casares, para presentar la última modificación puntual del PXOM.
Y visto lo bien que están saliendo las demandas frente al Concello en materia laboral, un aspecto que el actual ejecutivo hereda del anterior, otra trabajadora recién jubilada planteó en febrero una reclamación administrativa previa a la vía jurisdiccional. Reclamaba que, por haberse incorporado el 1 de marzo del 2004 como operaria de limpieza, mantenimiento y vigilancia del albergue de peregrinos de A Laxe, en Bendoiro, tendría carácter de indefinida por defectos esenciales en su contratación, solicitando el derecho al cobro de cuatro trienios y los complementos salariales propios del puesto. Pero, pese al reconocimiento de la relación laboral como indefinida marcada por la Inspección de Trabajo, el gobierno local lo deniega al estar pendiente de recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; sí le reconoce su derecho a que se computen esos 13 años en los trienios.