La Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín ya fiscalizó 714 empresas tras detectarse irregularidades en cursos de formación subvencionados y que no se realizaron
20 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Tres años después la denominada operación Qátedra, tras una denuncia de la Agencia Tributaria por la organización de cursos fantasma de formación en Deza, sigue abierta con un montante económico defraudado que suma por ahora 661.000 euros. Esta semana la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín comunicaba a siete empresarios más su condición de investigados en este caso. Al igual que a las otras 31 personas detenidas por el momento se les atribuyen presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales, falsificación de documento público y mercantil, estafa y pertenencia a grupo criminal.
Las investigaciones comenzaron en marzo del 2015 tras detectarse en una inspección por parte de la Agencia Tributaria que la consultoría Prosem de Lalín podría haber cometido irregularidades en curso subvencionados por la Xunta y la Unión Europea, por cobrarse las ayudas pero sin haberse desarrollado las acciones formativas. Ya en agosto de ese año llegaban las primeras detenciones, de los dos socios de esta firma sospechosa de fraude y de una empleada. Después se fueron sumando de forma paulatina numerosos empresarios a la lista, hasta un total ya de 28, principalmente de Deza aunque también de otros puntos de Galicia como Santa Comba. Entre ellos el regidor de Dozón y su hijo, teniente de alcalde en este municipio.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lalín, que lleva el caso, llegó a declarar la investigación como compleja, a petición de la Fiscalía, para ampliar los plazos antes de cerrarla dado el volumen de trabajo. La Policía Judicial lleva fiscalizadas 714 empresas gallegas, vinculadas a distintos sectores productivos. Además se revisaron más de 2.000 cursos, así como al alumnado asistente.
En esta investigación ya se superó el medio centenar de trabajadores de las empresas supuestamente implicadas en el fraude a los que se tomó declaración. Por el momento la Guardia Civil constató la existencia de irregularidades en más de una treintena de cursos formativos y en una veintena de empresas.
Con los siete nuevos investigados, todos ellos de Deza y con cargos de responsabilidad en firmas presuntamente relacionadas con el fraude, se abría esta semana la segunda fase de esta operación. Deberán comparecer en el Juzgado cuando se las cite por los mismos delitos que los 31 detenidos. Y el caso sigue abierto.