El Ejecutivo comunitario ha dado ya el visto bueno a los programas de 21 países La Comisión exige que incluya todas las instalaciones que producen energía
10 ene 2005 . Actualizado a las 06:00 h.La Comisión Europea abrirá un procedimiento de infracción contra España y la llevará al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, si no corrige su Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones de CO2, al objeto de incluir a las instalaciones productoras de energía que no están conectadas a la red eléctrica. El Ejecutivo comunitario descarta, no obstante, otras medidas más contundentes como la de impedir que las empresas a las que el Gobierno ya ha concedido permisos participen en el mercado europeo de emisiones, en vigor desde el pasado 1 de enero. «España tiene que añadir estas instalaciones. Si las autoridades españolas deciden no hacerlo, podemos llevarlas a los tribunales a través de un procedimiento de infracción», declaró ayer el jefe de la unidad de Emisiones Industriales de la Comisión, Peter Vis. «De este modo, no impediríamos que el 97% de las instalaciones que ya saben los permisos que tienen puedan seguir adelante, y participar así en el mercado». «Sería perverso paralizar el plan español sólo para cumplir la letra de la ley, que puede garantizarse mediante un procedimiento de infracción», enfatizó el alto funcionario. La Comisión aprobó el PNA el pasado 27 de diciembre, pero el visto bueno está condicionado a que se cumpla la exigencia de incluir a todas las instalaciones que producen energía, es decir, también a aquellas que no están conectadas a la red nacional de electricidad. «España omitió incluir esas instalaciones y hemos especificado que lo hagan». Un problema similar se detectó en el plan de Francia, aprobado el pasado 20 de octubre, pero con la exigencia de añadir «centenares» de instalaciones adicionales. «Ahora, las autoridades francesas han enmendado su programa para incluirlas y le hemos dado luz verde», destacó el representante comunitario. El negocio de emisiones de la Unión Europea, que se puso oficialmente en marcha el pasado 1 de enero, ha permitido comercializar hasta ahora diez millones de toneladas de CO2 en el mercado de futuros, a un precio medio de 7,7 euros por tonelada, según los datos hechos públicos por el Ejecutivo comunitario. Esta cotización supone un descenso frente a los 8,7 euros registrados en el segundo semestre del 2004. La Comisión descarta que ello se deba a que los Estados miembros hayan concedido demasiados permisos de emisión a sus empresas y lo atribuye a las moderadas temperaturas que se están registrando este invierno en Europa. «El precio de las emisiones no está cayendo, ya que en la primera mitad del 2004 fue inferior al de ahora», señaló ayer Vis. En su opinión, «cualquier precio es un reflejo de un impacto positivo en el medio ambiente». Además, avanzó que la cotización podría subir considerablemente a partir del 2008, ya que es el momento en el que deberá verificarse el cumplimiento del Protocolo de Kioto de reducción de gases con efecto invernadero. No obstante, la Comisión no se plantea ninguna franja de fluctuación de precios ni ningún «precio óptimo». Hasta ahora, la Comisión ha aprobado los planes nacionales de asignación de emisiones de 21 Estados miembros (todos salvo Italia, Grecia, Polonia y República Checa).