Las 927 industrias españolas sujetas al Plan Nacional de Asignaciones (PNA) se incorporarán al mercado europeo de compra y venta de derechos de emisión de dióxido de carbono un poco más tarde que las demás. El lunes empezó a funcionar oficialmente esta bolsa, donde las fábricas pueden adquirir o desprenderse de toneladas de CO2 para cumplir con los objetivos marcados en el Protocolo de Kioto. Pero el Gobierno español todavía no ha abierto las cuentas en las que se depositarán los derechos asignados este año a cada industria, para que éstas puedan efectuar sus transacciones comerciales. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente explicaron ayer que esta demora -que se resolverá en cuestión de pocos días, precisaron- está motivada por una mera cuestión formal: la Comisión Europea aún no da dado su plácet al registro de emisiones, una base de datos en la que se reflejarán las operaciones, y que será gestionada por Iberclear, un consorcio formado por las cuatro bolsas nacionales y el Banco de España. Según el ministerio, miembros de la Comisión Europea visitarán España dentro de unos días para comprobar el funcionamiento de este registro y darle el visto bueno. Esta base de datos utilizará el mismo software que Francia. Medio Ambiente subrayó que este retraso en la incorporación de España a la bolsa europea del CO2 no paralizará la aplicación del PNA. Exactamente dentro de un año, las empresas deberán saldar sus cuentas de emisiones, en las que deberán reflejarse las cuotas asignadas por el Gobierno. Si en el balance final aparecen más toneladas de las concedidas, las industrias se enfrentarán a sanciones económicas: 40 euros por cada tonelada de más. Los otros países El Ministerio de Medio Ambiente explicó que la mayoría de los países de la Unión Europea se encuentran en la misma situación que España. Sólo Dinamarca, Finlandia y Holanda se estrenaron el lunes en la bolsa de CO2 (donde la tonelada rondó los 10 euros) al disponer de sus registros de emisiones completamente operativos. La Comisión Europea ha examinado las bases de datos de otros diez países, entre los que no se encuentra España.