Los contratos temporales en la Administración General del Estado (AGE) han caído al 7,6%, cuatro décimas por debajo de lo pactado en septiembre del 2004 entre el Gobierno y las centrales mayoritarias del área CC. OO., UGT y CSIF. Esta reducción forma parte de los 18 compromisos cumplidos por la AGE, de un total de 23 adquiridos. Otras reformas, como la jornada laboral de 35 horas semanales, tendrán que esperar a la próxima legislatura. El balance de los cambios aplicados y de las cuestiones pendientes fue presentado ayer por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras mantener una reunión con responsables de los tres sindicatos. Sevilla también adelantó que en junio el Gobierno aprobará un decreto con la regulación del teletrabajo. «Es una figura claramente de futuro, que contará con un amplio respaldo», dijo. El ministro recordó que el Estatuto del Empleado Público (aprobado por el Parlamento con la oposición del PP) entrará en vigor el 14 de mayo. Al tratarse de una ley básica, que cubre a 2,5 millones de trabajadores, necesitará desarrollos posteriores. Para ello, el ministerio y los sindicatos han creado un grupo de trabajo. Una vez elaborados los reglamentos necesarios, cada Administración (central y autonómicas) abrirá negociaciones específicas en su ámbito para cerrar determinadas medidas dentro de un estatuto propio. Debate Entre las cuestiones a debatir estará la posibilidad de reducir la jornada ordinaria (de 37 horas y media) a 35 horas. La iniciativa pretende facilitar la conciliación de la vida familiar y con la ?laboral.