El fraude de Gescartera dilapidó en agosto del 2001 algo más de tres millones de euros de medio centenar de inversores gallegos. Seis años después, y con el juicio recién abierto para los únicos 14 procesados del caso, los afectados localizados en esta comunidad autónoma apenas han podido recuperar 120.000 euros del Fondo de Garantía de Inversiones, nutrido con las aportaciones de las sociedades y agencias de valores que operan en el mercado y creado por el Gobierno en agosto del 2001, a raíz de la intervención de la CNMV en Gescartera. Por ley, ningún reclamante tuvo derecho a cobrar indemnizaciones superiores a los 20.000 euros.
A cambio, el reguero de estafados sufrió un estricto marcaje de Hacienda, tras destaparse que la sociedad intervenida contaba con una línea de dinero negro para «inversores especiales», a quienes llegaron a ofrecer intereses de hasta el 30%.
En Galicia, más del 57% de las inversiones diluidas en el fraude de Gescartera procedían de cinco únicas firmas. Isabel Riva de Luna Suardíaz, hermana de la primera esposa del naviero vigués Fernández Tapias, figura con una suma de 850.000 euros en Gescartera. La Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo había invertido 332.359. El antiguo director comercial de la única oficina gallega de Gescartera, abierta en Vigo, José María Castro Rodríguez, tenía un fondo de 242.207 euros. La sociedad Alvamar admitió 180.303. Y un empresario de Viveiro declaró un agujero de otros 120.000 euros.
Ayer, el responsable de la oficina financiera de la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, Bernardo Martínez, admitió que durante estos seis años todas las inspecciones realizadas por Hacienda y por el juzgado reconocieron que la operación con Gescartera «fue limpia» y respondió a un «movimiento inversor normal en la compañía». Personados como acusación en el macrojuicio abierto en Madrid, todavía no han recuperado un céntimo del dinero.
Lo mismo le sucede a José María Castro Rodríguez. El ex director comercial de Gescartera en Vigo abandonó la empresa tras destaparse el fraude. Un portavoz familiar reconoció ayer que aún no han recuperado el dinero y asegura no tener muchas esperanzas de que la resolución judicial del caso les vaya a restituir su capital perdido.
Escándalo nacional
El fraude reconocido judicialmente en toda España supera los 50,2 millones de euros, mientras que el número de perjudicados ronda los 4.000. La agencia de valores que presidía Antonio Camacho protagonizó en el verano del 2001 el mayor escándalo financiero del país desde el encarcelamiento de Mario Conde por el caso Banesto.
En mayo del 2005, la intervención judicial de los fondos de inversión de Fórum y Afinsa dejó pequeño el asunto Gescartera. El agujero patrimonial calculado por la Agencia Tributaria en este caso supera los 5.200 millones de euros, con un rosario de afectados que ronda la cifra de 350.000 clientes.
La supuesta estafa filatélica y la intervención en Gescartera guardan un nexo común: el dudoso papel jugado por los supervisores. El negocio filatélico (Fórum y Afinsa) no estaba controlado por la CNMV, el Banco de España o la Dirección General de Seguros, y su vigilancia correspondía casi en exclusiva a las consejerías de consumo. En Gescartera, falló la CNMV, responsable última de inspeccionar a la firma bursátil.