Vivienda admite que su tardanza en presentar las medidas de fomento del alquiler impedirá agilizar los desahucios esta legislatura.
20 nov 2007 . Actualizado a las 22:05 h.El Gobierno estima que el precio medio de adquisición de una vivienda terminará el año con una subida, en tasa interanual, del 4%, dato que se acercará bastante al aumento que se espera en la inflación, que en octubre alcanzó el 3,6%. Así lo avanzó este martes el director general de Arquitectura y Política de Vivienda, Rafael Pacheco, quien dijo que más allá de esta «posible previsión» -que no podrá confirmarse hasta mediados de enero- lo que es claro es que se puede decir «con más contundencia que hace un mes» que el progresivo acercamiento entre las dos referencias citadas «se ha acelerado».
Durante su conferencia en el marco del IV Foro Inmobiliario -donde, entre otros temas, se analizaron los «previsibles» movimientos corporativos que desde 2008 protagonizarán las empresas europeas del sector, y en especial las españolas-, Pacheco insistió en que todo apunta a un «aterrizaje suave» en el mercado del 'ladrillo', dentro de un ajuste «necesario» para el conjunto de la economía española. Pasar de casi un millón de operaciones de compraventa en 2006 a unas 900.000 en 2007 «no es una situación dramática», añadió.
También quiso este responsable del Ministerio de Vivienda tranquilizar a las empresas constructoras e inmobiliarias, al afirmar que este año se habrán construido unas 550.000 viviendas, a las que se sumarán otras 100.000 de carácter protegido, datos que según él muestran una realidad distante de cualquier supuesta «parálisis». En cuanto a las causas de la desaceleración del precio de las casas, apuntó de manera especial al frenazo en la escalada del euribor y los apuntes de un posible descenso en la principal referencia hipotecaria.
De otro lado, y en cuanto a la política de alquiler, Pacheco confirmó los malos augurios lanzados hace unas semanas por varios grupos parlamentarios, en el sentido de que la tardanza del Ministerio en presentar su nuevo plan de incentivos impediría la tramitación de aquellas medidas que requieran una reforma legal.
Dicho retraso impedirá, por ejemplo, que se pueda modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil esta legislatura para agilizar los desahucios e incentivar así un aumento de la oferta. La que sí se aplicará, a partir de enero, es la renta de emancipación destinada a los jóvenes con menos ingresos, un colectivo que según el Gobierno alcanzaría las 360.000 personas.