«La labor de atender y clasificar a cada desempleado es competencia exclusiva de los servicios de las comunidades autónomas». Así lo afirmó ayer por escrito el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De esta manera, el departamento que dirige Jesús Caldera ha salido al paso de las voces que lo acusan de modificar el sistema de medición de los parados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo (SPE, antiguas oficinas del Inem), y sacar de las listas al colectivo denominado «demandantes de servicios previos al empleo». El candidato del PP, Manuel Pizarro, ironizó ayer al decir que con esta medida, Caldera «está intentando borrar con típex el número de parados», y sostuvo que son 50.000 las personas que han sido «retiradas» de las listas. Sin embargo, el ministerio defiende que se trata de unos cambios acordados, entre el Gobierno y las Administraciones autonómicas en junio del 2007 y que el número de demandantes afectados es de 19.203.
Demandantes de servicios
El conflicto ha surgido con motivo de que el 1 de febrero entró en vigor la reforma con la creación de una nueva casilla, clave 17, para incluir a aquellos desocupados que carecen de formación para trabajar en lo que les gustaría o están desorientados en sus objetivos laborales, por lo que se les clasifica como «demandantes de servicios previos al empleo».
El ministerio resalta que los demandantes de formación «nada tienen que ver con parados de la construcción ni con otros que hayan perdido su empleo». «La clave 17 engloba a personas que se inscriben en los SPE no para buscar un trabajo, sino que responden a la obtención de otros servicios sociales».