La posible financiera única podría captar más ayudas para su alianza con cuotas o con el fondo fundacional
ECONOMÍA
La posible caja única gallega tendrá que tomar dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para llevar a cabo la fusión, y en una cantidad que se antoja rondará los 1.200 millones de euros, conforme la auditoría presentada a mediados de enero por KPMG para la Xunta. En el entorno de Caixanova se mantiene que ese dinero no será suficiente y que se precisarán fondos extra. En caso de superar esa barrera, el 2% de sus activos ponderados por riesgo, se precisaría una autorización expresa de la Unión Europea.
Descartado está que, de hacer falta más dinero para la fusión, se pueda acudir al Fondo de Garantía de Depósitos, porque solo se concede dinero de esa vía a cajas en determinadas condiciones, y nunca en convivencia con el FROB. Pero quedaría otra posibilidad, según las fuentes consultadas, aunque difíciles. Una de ellas sería una ampliación de los fondos fundacionales de las cajas, es decir, de su capital social. Sin embargo, hay dudas sobre lo que diría precisamente Bruselas en caso de una actuación en ese sentido.
La segunda vía pasa por una emisión de cuotas participativas, una salida a la que solo ha recurrido la valenciana CAM para recapitalizarse y sobre la que hay bastantes dudas porque, siendo una figura similar a las acciones, no tienen derechos políticos. Y como máximo un partícipe solo puede tomar el 5% de la emisión de esas cuotas. No se descarta una reforma legal que despeje este tipo de fórmulas.
Las dos soluciones apuntadas podrían dejar que Administraciones públicas participasen con fondos públicos en la fusión. Sin embargo, en la Xunta se ven con mucho recelo esas soluciones y prácticamente se descarta que el Gobierno gallego aporte fondos a la operación.
La ley, parada
Mientras, las negociaciones entre Gobierno central y el autonómico para desbloquear la ley de cajas de la comunidad siguen bloqueadas. A finales de febrero se produjo la última reunión entre las dos Administraciones con el objetivo de llegar a un acuerdo en los 10 puntos recurridos por el Estado ante el Tribunal Constitucional. Hasta que finalizaron esas citas, se había llegado a un acuerdo en 6 puntos.