Vivienda suspende la renta para el alquiler a 8.000 jóvenes hasta que aclaren si superan los ingresos máximos
ECONOMÍA
El Ministerio de Vivienda acaba de comunicar, por carta o mensaje de móvil, a unos 8.000 jóvenes menores de 30 años beneficiarios de la renta de emancipación que podrían perder su prestación después de constatar con la Agencia Tributaria que en el 2008 superaron los 22.000 euros máximos de ingresos anuales. Se trata de la mayor depuración de perceptores de esta ayuda de 210 euros mensuales desde que esta se puso en marcha.
El departamento que dirige Beatriz Corredor ha trasladado la responsabilidad de retirar las ayudas a las comunidades autónomas, por ser las Administraciones encargadas de la gestión de la renta básica de emancipación. En el caso de Galicia, será la Xunta la que «dé trámite de audiencia a los afectados y verifique cuál fue su nivel de ingresos» en el 2008, según el ministerio. Mientras culminan esas comprobaciones por parte de las comunidades, Vivienda ha decidido «suspender cautelarmente el pago de la ayuda a los jóvenes en aquellos casos en que ese derecho estuviera todavía activo, y asegurar así que solo reciben esa renta quienes tienen derecho a ella», explica el departamento estatal.
Según el real decreto que regula esa ayuda de 210 euros, los perceptores de la subvención han de tener unos ingresos brutos anuales inferiores a los 22.000 euros, y ha de ser el propio perceptor el que comunique a las comunidades autónomas que ya no cumple con los requisitos. «El incumplimiento de esa obligación -recuerda el ministerio- supone la devolución de las ayudas percibidas». Es decir, podría darse el caso de que esos 8.000 chavales españoles tengan que reintegrar las ayudas desde el momento es que declararon a Hacienda ingresos por encima de esos 22.000 euros. La cifra final de aquellos que tendrán que devolver dinero se desconoce a la espera de los análisis comunidad a comunidad.
El procedimiento
Tras recibir la carta de Madrid, será el Gobierno autónomo el que tendrá que citar al afectado y comprobar quiénes superaron efectivamente el límite de 22.000 euros. Si es así, emitirá una resolución retirándoles el derecho a las ayudas. En los casos en que el beneficiario «no comunicó en su momento que dejaba de cumplir este requisito, la comunidad autónoma iniciará el expediente de reintegro de las ayudas», avisa el ministerio.
No hay constancia de cuántos afectados por esa situación puede haber en Galicia. El último dato oficial de perceptores de esa renta, de junio, revela que en esta comunidad hay casi 30.000 solicitudes de ayuda, de las cuales se han resuelto positivamente 19.300. En 17.000 de ellos está verificado el pago del alquiler.