Con una mezcla de indignación y cabreo acogieron ayer las fuerzas políticas gallegas las noticias sobre el pago de indemnizaciones millonarias a los directivos con contrato blindado que se han desvinculado de Novacaixagalicia (NCG), hasta el punto de que tanto el PSdeG como el BNG no dudaron en exigir su «devolución», mientras el PP dejó claro que «nunca deberon cobralas».
Desde la oposición, socialistas y nacionalistas coincidieron en pedirle responsabilidades políticas a la Xunta por las compensaciones de más de 20 millones desembolsadas hasta el momento, y el BNG incluso llegó a invocar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento, pese a carecer de los 15 diputados que se exigen como mínimo para solicitarla.
Tanto Abel Losada (PSdeG) como Carlos Aymerich (BNG) calificaron de «escándalo» hacia la ciudadanía el coste de las indemnizaciones, sobre todo después de que se haya conducido a las cajas gallegas hacia su «expolio» con su bancarización.
También Pedro Puy, portavoz del grupo que sustenta al Gobierno, mostró su disconformidad con las multimillonarias compensaciones, pero evitó reclamar abiertamente su devolución. «Haberá que ver a voluntariedade», dijo.