El conflicto de intereses entre los astilleros españoles y holandeses se remonta a mediados del año 2011, cuando varios constructores europeos consideraron como una intromisión, en el ámbito de sus intereses, la construcción de 4 remolcadores para operar en el puerto de Amberes por parte de astilleros Boluda de Valencia. Como desde el año 2002 en España se estaba aplicando un tax lease que alcanzaba hasta el 30 % del valor del buque en exenciones fiscales frente al 20 % que se practicaba en el resto de la Comunidad europea, Damen Shipyard denuncia a España ante la dirección general para la Competencia y obtiene de forma inmediata el respaldo de otras empresas de Noruega, Francia, Inglaterra y Portugal. Esta reclamación motivó que la Comisión tome la decisión de la suspensión del antiguo tax lease que paralizó al sector español durante 18 meses. Ahora que España tiene un nuevo sistema autorizado por Bruselas, Holanda amenaza de nuevo con recurrirlo. Así se lo ha comunicado por escrito al Gobierno de España las patronal que agrupa a los mayores astilleros holandeses, que hasta ahora ha ejercido como un poderos lobby en Bruselas.