Hay indicios de que la tregua de los mercados está a punto de acabar. El endeudamiento público alcanza el mayor nivel del último siglo. El Tesoro necesita más de 230.000 millones de euros en el 2013 para refinanciar la deuda, cubrir el déficit y rescatar autonomías
11 dic 2012 . Actualizado a las 13:56 h.La tregua está a punto de concluir. Se acaba el tiempo. La mayoría de los analistas coinciden en el diagnóstico: España tiene que pedir socorro. Si no antes, en los primeros meses del año entrante el Estado español pedirá formalmente auxilio al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). De no hacerlo, el acceso a los mercados se cerrará a cal y canto. Y ya solo quedaría asumir un rescate puro y duro, lo que significa sobrevivir con el cuentagotas de Bruselas y someterse a la conocida cirugía que impone la troika: recorte de las pensiones, reducción del número de funcionarios, drástica disminución de las prestaciones por desempleo... Basta mirarse al espejo de Irlanda, Portugal o Grecia para conocer las brutales contrapartidas que conlleva un rescate total.
UN PARÉNTESIS DE CALMA
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hagamos memoria de lo ocurrido en los últimos meses. En julio, España se hallaba al borde del abismo. El barómetro marcaba una presión insoportable sobre la deuda pública. Para adquirir un bono a diez años en el mercado secundario, los inversores llegaron a exigir un rendimiento del 7,6 %. En el mercado alemán se conformaban con seis puntos menos. La enorme diferencia, reflejada en una prima de riesgo que rebasó los 600 puntos básicos, era un reflejo de la enorme desconfianza que suscitaba la deuda soberana española, en acusado contraste con la seguridad que ofrecían los bonos germanos. España se tambaleaba y amenazaba con arrastrar en su caída a todo el andamiaje de la moneda única.
Fue entonces cuando la campana del BCE evitó que el púgil se desplomase en la lona. Noqueado. «Haré todo lo que sea necesario para salvar el euro», dijo el presidente del banco emisor, Mario Draghi. Traducido, quería decir que el nuevo fondo de rescate, el MEDE, estaba dispuesto a comprar deuda española de forma ilimitada para devolver su coste a niveles razonables. Eso sí, la autoridad monetaria solo desplegaría su arsenal bajo «estrictas condiciones» y a petición formal del Gobierno de turno. La pelota se situaba de esta forma en el tejado de Madrid. Rajoy tenía la palabra.
Solo el mero anuncio tuvo dos efectos nada desdeñables. En primer término, trajo un respiro. Rebajó de forma inmediata la presión sobre la deuda española y la prima de riesgo se situó en el entorno de los 400 puntos básicos. En segundo lugar, permitió albergar esperanzas de que era posible eludir la intervención y seguir financiándose regularmente en los mercados. En cualquier caso, las autoridades españolas aprovecharon el paréntesis de relativa y tensa calma para intentar renegociar las «estrictas condiciones», cubrir las necesidades financieras del ejercicio en curso e incluso forrar un pequeño colchón para el duro año que se avecina.
Hay, sin embargo, indicios evidentes de que el tiempo del armisticio se agota. Una señal: en la última subasta de deuda, el Tesoro Público no colocó la cantidad máxima prevista ni los tipos de interés se redujeron tanto como esperaba. Una incertidumbre: ya casi nadie se atreve a certificar que será cumplido el objetivo de déficit fijado para este año. Y una evidencia: las arcas públicas necesitan captar en el 2013 más financiación que en cualquier otro año de su historia, factor decisivo que puede hacer inevitable la petición de ayuda a Bruselas.
DÉFICIT Y DEUDA
El Gobierno anterior se había comprometido a reducir el déficit público al 6 % del PIB, objetivo que el gobernador del Banco de España, a la sazón Fernández Ordóñez, había considerado «sagrado». El resultado, después de varias depuraciones de los datos, ya se sabe: 3,4 puntos de desviación, 30.400 millones de euros en números redondos. Para este año, tras varias rebajas del listón, el objetivo se colocó en el 6,3 %. Este era el compromiso, no «sagrado», pero sí «irrenunciable», en palabras del presidente Rajoy y de sus ministros del ramo económico-financiero. Pues tampoco se cumplirá.
Tanto la Comisión Europea como el FMI dan por hecho que el déficit público no bajará del 7 %. Y el propio Gobierno ya ha comenzado a poner la venda antes de que se produzca la herida. Primero, el presidente, quien ahora reconoce que «es muy complicado reducir el déficit en un contexto de recesión, con tantos problemas con los ingresos y con una financiación tan cara». Después, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien acaba de descubrir que «la cuestión no es ese guarismo mágico del 6,3 %».
¿Cómo acogerán los mercados financieros el desfase que se produzca? Con toda probabilidad no darán brincos de alborozo ni se acrecentará su fe en la solvencia de España, pero quizás, si la desviación no supera las siete décimas, a estas alturas ya habrán descontado el incumplimiento. Si la brecha entre el objetivo y la contabilidad se dispara, será otro cantar: el riesgo-país puede alcanzar cotas todavía más elevadas que las actuales.
Haya o no castigo por la desviación, una cosa está clara: el déficit hay que financiarlo con más deuda. El dinero gastado que no sea fruto de los ingresos tributarios hay que pedirlo prestado. Y la deuda pública española, francamente reducida en términos relativos al desatarse la crisis, superaba los 800.000 millones de euros al finalizar el tercer trimestre de este año. Del 36,3 % del PIB en el 2007 hemos pasado al 77,5 % en septiembre pasado, porcentaje este último nunca alcanzado desde hace un siglo. Peor aún: a día de hoy, tras recibir el FROB un préstamo de 37.000 millones de euros para la recapitalización de la banca, el endeudamiento de las Administraciones Públicas rebasa con creces el 80 % del PIB. Y seguirá creciendo mientras el déficit lo siga alimentando.
SE BUSCAN 230.000 MILLONES
El problema mayúsculo nos espera inmediatamente después de las uvas de fin de año. En el 2013, el Tesoro precisa más dinero que en ningún otro año de su historia. Sus necesidades se cifran en más de 230.000 millones de euros, cifra que supera ampliamente los 224.000 millones del 2009, año en el que solo el desequilibrio de las cuentas públicas devoró más de 117.000 millones de euros.
¿Por qué necesita el Tesoro español conseguir tantos miles de millones el año próximo? Los necesita para financiar el déficit público, sea cual sea su magnitud: si se limita al 4,5 % del PIB, objetivo formal que aún mantiene el Gobierno, estamos hablando de 47.500 millones aproximadamente; si asciende al 6 %, como prevé la Comisión Europea, la cantidad rebasa los 63.000 millones. Los necesita para rescatar a las comunidades autónomas: en este caso 23.000 millones, que nutrirán el fondo de liquidez autonómico, cuya dotación se incrementa. Y los necesita para atender a los vencimientos de deuda: poseedores de letras, bonos y obligaciones que pasarán por ventanilla a recuperar su inversión. El Estado español tendrá que refinanciar el año próximo más del 20 % de toda la deuda en circulación. No menos de 150.000 millones en términos absolutos. Una cifra que, si bien no incrementará el nivel de endeudamiento público -simplemente se trata de sustituir títulos de deuda que caducan por otros nuevos-, sí supondrá un incremento sustancial de la carga financiera. Habrá que pagar en intereses más que antes... a menos que se pida el rescate y la intervención del MEDE abarate el coste de las nuevas emisiones.
Vistas las estimaciones, el sombrío panorama que se avecina suscita de inmediato dos preguntas: ¿Están los inversores dispuestos a comprar deuda pública española por importe superior a 230.000 millones de euros en un solo año? Y de estarlo, ¿a qué precio?
Con una rotunda negativa responde el director de Ecofin, Daniel Lacalle, a la primera cuestión: «El acceso al crédito se corta seguro». Juicio compartido por el banco suizo UBS: «España perderá el acceso a los mercados en algún momento, seguramente en la segunda mitad del 2013», dijo recientemente uno de sus ejecutivos.
Aunque los mercados sigan abiertos, un aumento del coste de la financiación obligaría al Gobierno a solicitar el rescate. Actualmente -datos de octubre-, el interés medio de la deuda española se sitúa en el 4,13 %. Con las necesidades de financiación estimadas para el 2013, por cada punto que aumente la tasa de interés la carga financiera crece en más de 2.300 millones de euros. De hecho, los Presupuestos del Estado para el año venidero prevén un gasto en intereses de 38.590 millones de euros, casi diez mil millones más que este año, porque crece el volumen de deuda y porque aumenta su coste.
Con tales perspectivas se comprenden las declaraciones efectuadas por un alto cargo no identificado del Gobierno español al Wall Street Journal. La opción del rescate, dijo, «es preferible a tener que implementar grandes recortes, porque no podemos refinanciar deuda el próximo año». La noticia, sin duda, nos espera a la vuelta de la esquina.