Entre los principios consolidados de los sistemas tributarios, se enumeran la generalidad, la igualdad, la justicia, la progresividad y la prohibición de la confiscación. Así, en nuestro país estos principios se proclaman en nuestra Constitución en su artículo 31.
Pues bien, la primera pregunta a realizar es si efectivamente todos contribuimos con nuestros impuestos al sostenimiento de los servicios públicos. Las encuestas de opinión destacan que los ciudadanos creen que hay mucho fraude, y que aumenta cada año. Esa opinión ciudadana se confirma cuando todas las estimaciones sitúan la economía sumergida española entre un 20 y 25 % del PIB.
Entonces, si no todos pagamos los impuestos, al menos se tratará igual a quienes los pagan. En este punto, hay que reconocer que en general los impuestos se exigen con igualdad en la aplicación de la ley, aunque se conocen numerosos ejemplos de grandes fortunas y empresas a las cuales se ha dado un trato diferente al dado al contribuyente común, como en las investigaciones a titulares de billetes de 500 euros, la artificiosa solución otorgada a los titulares de las cuentas secretas del Banco LGT de Liechtenstein o del HSBC en Suiza, o que se haya permitido hasta hace un mes que algunas entidades deportivas aumenten sin fin sus deudas tributarias.
La siguiente cuestión es si el sistema fiscal es justo. En general los impuestos se exigen con justicia, aunque convendría modificar algunas normas que se aprecian como injustas, como el que se exija pagar el IVA de las facturas emitidas pero no cobradas, o que el IRPF pueda determinar un aumento patrimonial en quienes pierden su casa por la valoración de la dación en pago de sus deudas, o que el autónomo no pueda renunciar a la estimación objetiva por módulos y tenga que pagar una cantidad de IRPF y de IVA aunque sufra pérdidas en el año, o que quien no declaró pueda elegir la opción más favorable en conjunta o individual en caso de una comprobación posterior, pero quien declaró no pueda elegir, o que se haya aprobado una amnistía fiscal para evasores frente a quien sí pagó en su día.
Otro principio clave es la progresividad, que consiste en que deben pagar más impuestos quienes más ganan o más propiedades poseen. Pero, dicha progresividad no se exige a un impuesto en concreto, sino al conjunto de impuestos que forman los sistemas tributarios.
En nuestro país, los impuestos progresivos son, básicamente, el IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio, los cuales recaudan respectivamente 69.803, 2.600 y 730 millones de euros, al no exigirse este último en la Comunidad de Madrid.
Por tanto, el Impuesto sobre la Renta es el principal impuesto que debe aportar la progresividad al conjunto impositivo español. ¿Pero el IRPF aporta esa progresividad?
El primer gran obstáculo para ello en España es que la alta tasa de fraude se concentra en las grandes fortunas y en las mayores empresas del país, las cuales aglutinan el 71,7 % de la evasión. Y, en consecuencia, si evaden quienes tienen más capacidad contributiva, la progresividad está seriamente dañada en origen. Así, no extraña ver que entre quienes declaran en el IRPF, solo un 15 % dice ganar más de 30.000 euros anuales, y únicamente un 4 % declara ganar más de 60.000 euros.
Pero, un segundo obstáculo a la progresividad del IRPF es la gran ventaja que suponen los tipos fijos de la renta del ahorro frente a la tarifa progresiva que se aplica a los trabajadores y autónomos del país.
Esta es la causa por la cual la denuncia del multimillonario estadounidense Warren Buffet también se reproduce en España, donde los contribuyentes con rentas del capital superiores a 600.000 euros tributan relativamente menos que los contribuyentes con bases imponibles de 90.000 euros.
Pero lo que la estadística esconde es que el tipo impositivo sigue disminuyendo conforme aumentan las rentas del ahorro gravada a tipo fijo, y personas con un millón de euros de rentas del capital tributan igual que los trabajadores o autónomos con ingresos de 39.000 euros.
Los impuestos se exigen con justicia, pero hay normas que se aprecian como injustas
Si evaden quienes tienen más capacidad, la progresividad está dañada en origen