Anuncia una amnistía fiscal total para quienes repatríen sus dólares
09 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Mientras el valor del llamado dólar paralelo, blue en la jerga del mercado financiero, multiplicaba por más de dos la cotización del oficial, y con las operaciones de lavado de dinero en paraísos fiscales llevadas a cabo por amigos, socios y funcionarios afines a los Kirchner copando las portadas de la escasa prensa opositora, la presidenta decidió mover ficha el martes.
Una hora después del cierre del mercado, el equipo económico de Cristina Fernández ofrecía una rueda de prensa para sorprender a todos con un anuncio: el Estado emitirá bonos para blanquear capitales no declarados. Los que participen en la operación no sufrirán ninguna penalización en el tipo de cambio y, además, disfrutarán de una exención total de impuestos.
El Banco Central de Argentina emitirá un certificado de depósitos en dólares para captar divisas y orientarlas hacia los sectores inmobiliario y de la construcción. Otros bonos irán destinados a la inversión en el sector energético y vencerán en el 2016, con un interés anual del 4 %, a pagar semestralmente. Ayer sumaron a este proyecto un tercer instrumento llamado pagaré de ahorro para el desarrollo económico.
Las autoridades se apresuraron a aclarar que quienes estén procesados por delito de blanqueo de capitales no podrán acogerse al plan. El Gobierno busca, con ello, salir al paso de quienes lo acusaban de haber diseñado la ley a la medida de algunos de sus amigos y afines que ahora podrán blanquear el fruto de años de corrupción. Desde las filas de la oposición aseguran que ninguno de los imputados tiene el dinero negro a su nombre.
El Ejecutivo argentino necesita urgentemente dólares porque sus reservas están disminuyendo y una devaluación ahora generaría una fuerte crisis social. La propia Cristina Fernández dijo el martes: «Los que quieren una devaluación van a tener que esperar al próximo Gobierno».
A partir de hoy, el proyecto se discutirá en el Parlamento, que en pocos días lo convertirá en ley. La mayoría de los economistas consultados reconocen que es un «parche» a la deteriorada economía argentina y que la falta de confianza y seguridad jurídica alejan a los posibles inversores.