El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no se olvidó de las preferentes en la apertura del año judicial. Aprovechó el acto al que asistió el rey para cargar contra las entidades. Dijo que la venta de preferentes ha generado «un problema social de primer orden» frente al que la Fiscalía no permanecerá «impasible», ya que ha supuesto la «volatilización» de los ahorros de muchos ciudadanos de condición modesta.
Luego añadió que los casos derivados de esta situación que están llegando a los tribunales «resultan variados y sumamente complejos, por lo que no admiten un tratamiento común».
Torres-Dulce quiso dejar claro que hay que distinguir aquellos casos en los que «la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión», mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la falta de solvencia de la entidad; de los que se colocaron los títulos a personas «discapacitadas, desvalidas o imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio».
En el primer supuesto, dijo, las acciones judiciales podrían dirigirse contra «la cúpula directiva de la entidad»; mientras que en los otros «el fiscal se viene personando caso por caso en los distintos procesos abiertos».
En cuanto al arbitraje, olvidándose de que esta misma semana se pactó en el TSXG un acuerdo entre las partes para poder acudir a la mediación, sin coste alguno, el fiscal general afirmó que «muchos particulares» han acudido a la Fiscalía en busca de asesoramiento ante las ofertas de arbitraje de las entidades bancarias, pero que no ha podido proporcionárselo «al estarle expresamente vedado». Cuando se acude al arbitraje, las partes renuncian al ejercicio de acciones judiciales.