Pide que el Estado y no el consumidor asuma algunos costes del recibo
20 may 2014 . Actualizado a las 10:17 h.Endesa pide al Gobierno que tenga el «coraje» necesario para dar más pasos en la liberalización efectiva del mercado eléctrico. Uno de ellos pasa por la eliminación de la tarifa regulada, que, según la eléctrica, debería reservarse para «proteger a las capas más desfavorecidas de la sociedad». El consejero delegado de la compañía, Andrea Brentan, cree que el Ejecutivo ha perdido, con la creación el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), «una excelente oportunidad para realizar su liberalización según las directivas europeas», pese a que en su opinión «existen en España condiciones de competencia suficientemente maduras».
En su discurso durante la junta general de accionistas del grupo, Brentan calificó de «problemática» la actual situación de las compañías eléctricas, ya que han soportado «importantes recortes retroactivos de retribución» en la distribución. A su juicio, el pago por esta actividad se sitúa por debajo del coste de capital, «pero con obligación de servicio», lo que conforma un escenario «insostenible desde el punto de vista empresarial». El consejero delegado coincide con sus colegas de otras eléctricas al afirmar que el negocio de generación registra pérdidas, salvo la de origen hidroeléctrico en situaciones de excepcional pluviosidad.
También se suma a las múltiples voces que dentro del sector piden trasladar a los Presupuestos Generales del Estado los costes ajenos a los puramente eléctricos (primas a renovables y cogeneración, amortización de la deuda tarifaria, costes extrapeninsulares, etc.) que son «consecuencia de decisiones políticas generales». La reforma fiscal en ciernes presenta, en su opinión, una «excelente oportunidad para reordenar esta materia, eliminando las distorsiones actuales y sus perniciosas consecuencias sobre la eficiencia de la economía española».
El presidente de la multinacional eléctrica, Borja Prado, tampoco ahorró críticas a la política energética del Gobierno, que a su juicio no está orientada a «resolver los desequilibrios del modelo regulatorio existente». Una reforma eléctrica que «se ha ido desgranando a través de una sucesión interminable de normas legales» centradas fundamentalmente en reducir la retribución de las actividades eléctricas, «en lugar de focalizarse sobre los auténticos factores que generan problemas en el sector».
Prado calcula que las distintas medidas regulatorias aprobadas por el Gobierno en 2012 y 2013 han impactado sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Endesa en 1.329 millones de euros. Pese a todas estas críticas, el máximo responsable de Endesa reiteró la «voluntad constructiva» de la compañía y el deseo de «mantener unas relaciones permanentes de lealtad, confianza y buen diálogo con la Administración».
El año pasado, el beneficio neto de Endesa fue de 1.879 millones, un 8 % menos que en el 2012; sin embargo, generó 4.900 millones de flujo de caja, casi la misma cifra que el año anterior.
Prado anunció además que Nuclenor -sociedad coparticipada por Endesa e Iberdrola- pedirá la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos).