¿Quién provocó el agujero económico de las antiguas cajas de ahorros? ¿Por qué el Estado tuvo que inyectar de manera directa miles de millones en entidades que, según los políticos de turno, estaban en quiebra? ¿Por qué usted y yo, como contribuyentes que somos, no vamos a recuperar prácticamente ni un euro de lo destinado al rescate del sistema financiero?
Las preguntas son muchas y la respuesta es prácticamente una: políticos y supervisores tienen la culpa. Es cierto que las entidades financieras quebradas habían invertido muchos millones en el ladrillo (bajo el amparo del dinero excedente de Alemania, por ejemplo), pero no es menos cierto que fueron objeto de una política dirigida desde el aparato del Estado que pretendía acabar con las cajas. Los ejecutores de ese plan fueron el Ministerio de Economía, en los momentos decisivos dirigido por Elena Salgado, y el Banco de España de Fernández. Sus órdenes fueron claras: obligar a provisionar e incrementar La ratio de capital hasta que las cajas quedaran exhaustas. Así ocurrió. El 27 de junio del 2009 se constituye el FROB «para gestionar los procesos de reestructuración de las entidades de crédito» y reforzar los fondos propios de las mismas con las primeras inyecciones de dinero público; el 27 de febrero del 2011 a través de un real decreto se elevan las exigencias de capital; el 4 de febrero del 2012 se publica otro real decreto para un nuevo saneamiento y se imponen nuevos requerimientos de provisiones y el 12 de mayo, otro, más duro aún.
Tan pronto como los decretos vieron la luz, apareció el agujero en las entidades, y fueron las arcas públicas las que lo taparon. Se ha comenzado a juzgar a los que se señala como culpables. Pero la cosa no está tan clara. Quizá los verdaderos responsables de la tragedia financiera no se han sentado por el momento en el banquillo de los acusados. Quizá hayan ido a la Audiencia Nacional solo como testigos. El pasado martes, dos máximos responsables del Banco de España en la época de Fernández Ordóñez no se pusieron de acuerdo sobre cuándo empezaron a dudar de Bankia. Jerónimo Martínez Tello (el que quería entregar todo el poder de la caja gallega a Julio Fernández Ganoso) dijo que en octubre del 2011, tres meses después de la salida a Bolsa, mientras que el jefe de Inspección, José Antonio Casaus, mantuvo que los problemas se veían venir desde finales del 2010. ¿En qué quedamos?
Los responsables de que funcione la maquinaria no supieron y no quisieron frenar la burbuja, ni la concesión de dinero barato por parte de países como Alemania. Luego vinieron las exigencias del exterior, con fondos de inversión muy potentes que han logrado poner al país en situación de saldo para comprar todo lo que se pone a su alcance. Este es precisamente el motivo por el que no se recuperará el dinero invertido: hay prisa por vender a los que mandan.
En definitiva, ellos se lo guisan y ellos se lo comen.