Las entidades gallegas asumen el escenario de integración por vez primera
13 oct 2014 . Actualizado a las 07:17 h.El cambio normativo que puso fin en el 2010 a la cuota que abonaban obligatoriamente las empresas a las cámaras ha abocado a las instituciones a una enorme descapitalización. El impacto de la crisis, problemas de gestión y gastos, y salarios desorbitados han conformado los ingredientes para la tormenta perfecta. Por vez primera, el tejido empresarial local y las propias cámaras, tras muchos años rechazándolo, asumen la reducción del número de entidades como un escenario posible. Y el caso más claro es el de Ferrol. Sus trabajadores acumulan cuatro meses sin cobrar y la entidad, con una deuda de 3,7 millones y en manos de una gestora, no tiene pretendientes para tomar las riendas. Tanto es así, que hasta el propio presidente de la Asociación de Empresarios, José Ramón Franco, ha declarado públicamente que es mejor que Ferrol desaparezca y pase a depender directamente de la demarcación de A Coruña, de forma que pueda evitarse la pérdida de iniciativas empresariales en la zona.
El debate sobre la reducción de cámaras en Galicia, que cuenta con hasta nueve instituciones, está también presente en otras asociaciones empresariales y en otras entidades de forma extraoficial. La Xunta está ultimando ahora una nueva ley autonómica para impulsar un modelo más eficaz, pero se muestra prudente sobre el futuro mapa cameral. «Nosotros compartimos con el tejido empresarial que el número de cámaras debe responder a los intereses empresariales», sostiene Industria.
Junto a Ferrol, presenta problemas la de Pontevedra, una provincia donde hay hasta cuatro cámaras (sumadas Tui, Vilagarcía y Vigo). La institución tiene pendientes causas en materia penal a raíz de las denuncias de los propios trabajadores y presenta graves problemas de liquidez. En una situación muy delicada está Lugo -la única de la provincia, el mínimo que marca la ley estatal- y que está pendiente ahora de que se nombre una comisión gestora tras la dimisión del equipo de Luis Abelleira, que asumió en enero el cargo. Según el presidente saliente, la deuda supera los 5,3 millones de euros.
En Ourense, su último presidente dimitió por motivos personales. El pleno para nombrar uno nuevo tendrá lugar el día 21, pero la liquidez de la institución es ajustada y su plantilla está afectada por una regulación temporal de empleo. A favor tiene que no presenta deudas, igual que Santiago, una institución que cuenta con patrimonio, que ha reducido un 30 % su plantilla desde el 2010 y que trabaja ya en un nuevo modelo de ingresos. Solo medio centenar de empresas paga por ahora la cuota voluntaria. «Las cámaras existirán si hay implicación empresarial; el debate no es si son grandes o son pequeñas sino si son viables o no; y eso dependerá de la calidad del servicio que presten al entorno», sostiene Fernando Barros, secretario de la Cámara de Santiago.