Corresponden solo a 27 de los 99 municipios que están en revisión. El incremento medio del IBI de los infractores será de 153 euros
08 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Comienza siendo una pequeña reforma de la casa y se convierte en una ampliación más que notable de superficie o de altura. O, ya puestos, en una piscina en el jardín. O, directamente, una nueva construcción, Y, claro, el tiempo pasa y con él vuela la intención de registrar en el Catastro la nueva situación y, en consecuencia, la de tributar a las arcas públicas por ella. Ironías aparte, eso ha ocurrido con nada menos que 25.600 inmuebles que han sido detectados en 27 concellos de Galicia durante el pasado año dentro del plan de regularización puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda.
El citado programa arrancó en el 2014 y tiene una vigencia de cuatro años, por lo que estos primeros datos son provisionales y recogen únicamente los resultados de la regularización en los ayuntamientos en los que se cerró la revisión, ya que durante el pasado año un centenar de concellos de Galicia solicitaron a la dirección general del Catastro su inclusión en dicho proceso.
Fuentes de Hacienda insisten en que en la «inmensa mayoría» de los inmuebles revisados «estaba todo correcto» y que los 25.600 detectados con alguna tipología de fraude suponen menos del 10 % del total (en concreto, el 9,84 %).
Un abono medio de 534 euros
Ser cazados por el fisco tiene consecuencias, aunque las mismas fuentes indican que el plan de regularización no tiene ningún afán recaudatorio y que «excluye la aplicación de las sanciones catastrales por el incumplimiento de la obligación de declarar, de forma completa y correcta». No hay penalizaciones, pero sí una tasa de 60 euros por caso regularizado que busca cubrir el coste de los trabajos que se han realizado.
A esta tasa lineal, y pese a no haber multa, sí hay que sumar el incremento del recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que no se abonó (los de los últimos cuatro años, que son los no prescritos). Hacienda explica que se les aplica la ponencia de valores vigente en ese momento y estima en 153 euros el incremento medio del recibo del IBI de los infractores detectados.
Y el ajuste de cuentas con el fisco no termina ahí, ya que a la tasa y al IBI hay que sumarle la liquidación por los atrasos de los años no prescritos, lo que se traduce en 321 euros de media. En total, la regularización supone del orden de 534 euros.
Tipología del fraude
El catastrazo, en marcha en 65 municipios
Al programa de regularización, que proseguirá a la caza del fraude inmobiliario otros tres años más, se suma también -esta vez, sí- el catastrazo que está en marcha desde el 1 de enero en 65 municipios gallegos (26 en Ourense, 21 en Lugo, 10 en A Coruña y 8 en Pontevedra) y 1.876 en el conjunto del país, a través del que se ajustará el valor de 9,3 millones de inmuebles. De ellos, se estima que 7,4 millones se actualizarán al alza y 1,9 a la baja.
La revisión del valor catastral fue solicitada al Ministerio de Hacienda por dichos ayuntamientos. El reajuste se llevará a cabo aplicando unos coeficientes automáticos de actualización, fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015. En el caso de Galicia, la revisión se traducirá en un rejón al bolsillo del contribuyente en un año de cita con las urnas, ya que el alza de la valoración catastral tendrá impacto en otros tributos, como el IBI -vehículo recaudatorio estrella de los ayuntamientos, que supone en torno al 50 % de los ingresos tributarios locales- o el IRPF en el caso de segunda vivienda.
Ajuste al precio de mercado
Desde Hacienda aseguran que la revisión solo trata de adecuar el valor catastral de los inmuebles al precio de mercado, algo que puede suponer rebajas en los casos en los que la última actualización coincidió con la parte alta del ciclo inmobiliario, entre el 2006 y el 2008.
Subida general en Galicia
Pero en el caso de Galicia, la aplicación práctica será la contraria: subidas, ya que en la inmensa mayoría de los municipios afectados la fecha de la última revisión general del valor catastral data de los años ochenta y noventa, es decir, lejísimos de la burbuja inmobiliaria.
Y es que los coeficientes de actualización oscilarán entre un máximo del 1,13 y un mínimo del 0,78 en función de cuál sea el año de la última valoración. Para los concellos gallegos que lo solicitaron la horquilla irá entre el coeficiente automático máximo del 1,13 (es el caso de municipios cuya anterior ponencia de valores data de 1986, como los ourensanos de Nogueira de Ramuín o Chandrexa de Queixa) y el mínimo del 1,06 (caso de As Pontes, con la revisión más reciente).
Otros ayuntamientos, como es el caso de Salvaterra do Miño (Pontevedra), han arrancado este ejercicio solicitando que se realice la revisión.
A la caza del fraude en las construcciones irregulares
El plan de regularización no implica una nueva revisión de los valores catastrales, insisten desde el ministerio. «No pretende alterar el valor catastral de los bienes declarados (castastrazo) sino la incorporación al registro de aquellos inmuebles y sus alteraciones (tales como ampliaciones y rehabilitaciones) que no figuren en el mismo y que, por lo tanto, supongan un fraude fiscal inmobiliario, al no coincidir la descripción del inmueble que figura inscrito con la realidad», añaden.
Hacienda subraya que el objetivo es aflorar inmuebles que están disfrutando de servicios públicos municipales a costa de los titulares de los correctamente declarados y en detrimento del erario público. Defienden que esto podría permitir a los ayuntamientos rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar sus recursos totales, gracias precisamente a la contribución de todos los titulares de inmuebles. «Si pagamos todos, pagamos menos», añaden, recordando que a los bienes regularizados se les aplica la ponencia vigente en cada municipio hasta la fecha.
Visitas e imágenes de satélite
Como no hay cuartel en la lucha contra el fraude, desde la dirección general del Catastro se usan todas las arma» posibles para asegurarse de que, efectivamente, los inmuebles declarados se ajustan a la realidad. Así, a los procedimientos de peinado del terreno con visitas de funcionarios y trabajo de campo, se suman el uso de fotografías aéreas y de imágenes de satélite.
Hasta la fecha más de 3.000 ayuntamientos de todo el país han solicitado su inclusión en el plan de regularización.
La legalidad, caso aparte
Que una construcción o reforma no haya sido declarada ante el Catastro no implica que sea ilegal. Hacienda recuerda que «la necesidad de proveerse de la preceptiva licencia urbanística que otorga la autoridad municipal y la obligación de presentar una declaración de alteración del bien inmueble ante el Catastro son cosas diferentes».
Por ello, el plan de regularización no prevé multas para las obras ilegales. «Es competencia de las autoridades municipales y autonómicas el ejercicio de las labores de policía urbanística, calificación de infracciones e imposición de sanciones en el ámbito de sus competencias y su incorporación al Catastro no convalida ninguna de esas situaciones», añade.