Días atrás pulsé por error el botón a una planta en el ascensor del hospital de mi área sanitaria. Me encontré con unos pasillos completamente vacíos. Sin pacientes, familiares o personal sanitario. Perfectamente ordenada y limpia, pero con todos sus equipos desconectados. En un pequeño cartel alguien había escrito, mejor de lo que yo ahora resumo, lo que sigue: «Estimados pacientes o familiares, a partir del 1 de julio en esta área sanitaria están en la misma situación unas doscientas camas, a causa de los recortes de gastos y del desvío de pacientes a la red privada; todos aquellos afectados por largas demoras en urgencias o en listas de espera tomen nota de cómo el sistema público cuenta con recursos que se dejan ociosos».
Recursos ociosos para así conseguir un ahorro que permita a nuestro Gobierno informar a Bruselas de una caída permanente del gasto sanitario: del 6 % del PIB en el 2013 al 5,3 % en el 2018. Ocho décimas de riqueza nacional que suponen unos ocho mil millones de euros menos. Se explica así que el Gobierno obligue a las comunidades autónomas para el 2016 a un déficit máximo del 0,3 % (pues son las que gestionan la sanidad pública), mientras el Estado se reserva un 2,2 %.
¿Para qué necesita el Estado un margen para endeudarse siete veces mayor que unas Comunidades Autónomas que gestionan la sanidad? Sencillo: para pagar los intereses de la deuda. Intereses que supondrán unos treinta mil millones (un 2,8 % del PIB). Por eso el Gobierno, aparte del ahorro sanitario, necesita otra fuente de ahorro para pagar los intereses de la deuda y al tiempo bajar impuestos. ¿Dónde ahorrar?.
Muy fácil: si en el 2011 había en España tres millones de beneficiarios de prestaciones de desempleo, este año ya son solo dos millones. Y el Gobierno (con bolsas importantes de pobreza alimentaria y de población sin techo), tan tranquilo, porque desde aquella fecha hemos ahorrado mil millones mensuales: doce mil millones anuales.
¿Habría otra forma de cuadrar las cuentas sin provocar un deterioro temerario de la sanidad pública o de la protección social? Según nuestra manada de monaguillos merkelianos, eso es una utopía imposible. Aunque debieran saber que según Eurostat (la agencia europea oficial de datos) en el 2014 en Grecia se recaudaron 45,8 euros por cada cien de PIB, mientras en España estábamos en 37,8 euros de cada cien.
Quiere esto decir que si en España fuésemos, al menos, tan indolentes como en Grecia, tendríamos recaudados ochenta mil millones de euros más. Lo que haría innecesario prolongar un austericidio -sanitario y en protección social- que pone en riesgo la dignidad y la vida de millones de personas.
Post data. No habían pasado cuatro semanas y aquella planta ha tenido que reabrirse para paliar los sucesivos colapsos en las urgencias de aquel hospital. Y aún habrá a quién le moleste la palabra austericidio.