El eólico batalla en los tribunales

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

PEPA LOSADA

La Xunta y el sector, expectantes por si el Supremo deroga la anulación del concurso del bipartito, lo que obligaría a la Administración a indemnizaciones millonarias

05 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

En agosto del 2009, el recién llegado conselleiro de Industria Javier Guerra (PP) firmó la suspensión de la tramitación de los proyectos presentados al concurso eólico impulsado por su predecesor Fernando Blanco (BNG). Cuatro meses después, el proceso quedo definitivamente anulado con la aprobación de una nueva ley eólica. La Xunta daba así carpetazo a 25 empresas cuyos proyectos ya habían sido admitidos a trámite. Muchas de ellas recurrieron a los tribunales para reclamar sus derechos, exigían la devolución de los gastos de tramitación de los parques (por daño patrimonial), más intereses, e indemnizaciones por la anulación del concurso del bipartito PSOE-BNG.

Tras seis años de periplo judicial, durante los cuales el PP aprobó y adjudicó un procedimiento nuevo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de emitir las dos primeras sentencias. Una de ellas es favorable a la empresa (se trata de Cupa), y la Consellería de Industria tendrá que reintegrarle los gastos de tramitación en los que incurrió para presentarse al concurso, algo más de 200.000 euros. Pero rechaza sus aspiraciones de recibir indemnización.

Fuentes de la consellería dirigida por Francisco Conde explicaron que el otro fallo desestima las pretensiones de la compañía. Sus argumentos no estaban bien fundamentados, indicaron fuentes del sector eólico.

Desde la Consellería de Industria aclararon que la posible devolución de los gastos efectuados por las adjudicatarias del anterior concurso ya está contemplado en la ley eólica que anuló todo el procedimiento del bipartito. Porque la Xunta del PP ya sabía que iban a llover recursos tras la derogación.

Industria aguarda que el TSXG emita a partir de ahora nuevos fallos sobre los recursos presentados por las empresas.

Pendientes del Supremo

La segunda mayor adjudicataria de aquel concurso, Aucosa Eólica, fue a por todas y presentó un contencioso contra la suspensión de agosto del 2009 y otro contra la anulación posterior de diciembre. El TSXG acusó a la Xunta de «desviación de poder» al suspender la tramitación de los proyectos y lo declaró ilegal. Hace unos meses, el Tribunal Supremo confirmó el fallo de los jueces gallegos. Fuentes del sector explicaron que tumbar la suspensión de la tramitación de los proyectos no tendrá consecuencias en la práctica.

Pero sí las tendrá si el alto tribunal deroga la anulación del concurso, de diciembre del 2009, una sentencia que todavía no se ha emitido. Xunta y sector están expectantes ante ese fallo, pues la Administración tendría que enfrentarse a indemnizaciones millonarias a las adjudicatarias.

El bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño lanzó a finales del 2008 (a pocos meses de las elecciones) un concurso para adjudicar 2.325 megavatios eólicos. Para ello creó una sociedad pública que participaría en los proyectos. Las propuestas admitidas a trámite fueron 25. Los planes industriales asociados suponían una inversión superior a los 5.000 millones. El PP lo anuló y sacó otro concurso por los mismos megavatios, sin sociedad pública. Este proceso está en vigor, pero parado por el fin de las primas a las renovables.

Dos concursos y 10 años parados

Dos concursos eólicos distintos en seis años y diez de parón. Es la situación del sector eólico en Galicia, resumida por el secretario general de la Asociación Eólica de Galicia (EGA). Íñigo Muniozguren recuerda que el bum se produjo a principios de los 2000, hasta el 2004. Entonces entró el bipartito «y a partir de ahí hubo un parón rotundo, absoluto. Nos convocaron para decirnos que Galicia no podía soportar ningún aerogenerador más. Y a finales del 2008 se presenta el concurso. Pasamos del 'Galicia no puede soportar ni un molino más' a ¡vamos a sacar el concurso más impresionante del mundo'». Muniozguren reconoce que ese concurso no gustó demasiado, sobre todo porque creaba una sociedad pública, pero «luego llegó el PP y decide, creo que erróneamente, suspender todo, empezar de cero, cuando ya había empezado a moverse el sector». El nuevo concurso es «muy similar al anterior», pero sin empresa pública y sí con canon eólico.

El fin de las primas, en el 2011, consolidó el parón del sector.