Las eléctricas ingresan 34 millones tras cargar en las facturas en verano un mayor coste de comercialización

J. M. C. MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

ALBERTO LÓPEZ

El impacto medio por recibo no es muy elevado, entre 2 y 2,5 euros

25 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Las facturas enviadas por las eléctricas durante este pasado verano incluían un concepto desconocido hasta ahora por los consumidores en la ya de por sí compleja facturación de la luz: la «regularización asociada al coste de comercialización por sentencias judiciales».

Esta farragosa expresión, en la práctica, se traduce en una revisión de todas las facturas emitidas a los titulares de contratos ligados al mercado regulado (Precio de Venta al Pequeño Consumidor o PVPC) desde abril del 2014 a diciembre del 2016.

El impacto medio por recibo no es muy elevado, entre 2 y 2,5 euros. Pero esta actualización de las facturas ha supuesto que las grandes compañías eléctricas (comercializadoras de referencia del PVPC) hayan recuperado en términos netos unos 33,9 millones de euros.

Desde Iberdrola señalan que ese importe neto de actualización de las facturas asciende a 10,3 millones de euros. Y en Gas Natural Fenosa, superaría los 6 millones de euros, teniendo en cuenta las medias de refacturación y su conjunto de clientes regulados. En total, han sido 15,4 millones de usuarios los que han visto recalculados sus recibos de septiembre, agosto y julio, los meses en los que cada una de las compañías han aplicado esta modificación.

Este concepto puntual incluido en las últimas facturas se debe a la revisión que tuvo que realizar el Gobierno en el cálculo del margen de comercialización, un importe incluido en las facturas del PVPC que, por ley, se les ingresa a las eléctricas para mantener viable el negocio del mercado regulado.

Fue aprobado en abril de 2014, con José Manuel Soria como ministro, a razón de 4 euros por kilovatio contratado al año. Pero el sector eléctrico recurrió esa medida porque consideraba que no llegaba a cubrir sus costes y el Tribunal Supremo exigió en una sentencia la necesidad de revisarla con una metodología más «precisa» que la establecida hasta entonces.