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Condenado a cuatro años y medio por las «black», le juzgarán por la salida a bolsa
17 nov 2017 . Actualizado a las 23:30 h.Rodrigo Rato volverá a sentarse en el banquillo por su gestión al frente de Bankia. No es un trance nuevo para el exresponsable del FMI y exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar. Ya está condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por el uso fraudulento de las tarjetas black de Caja Madrid, la pena más elevada tras los seis años del fallecido Miguel Blesa. Ahora se enfrentará a una petición de pena de hasta seis años de prisión, a los que podrían sumarse otros tres más, por la presunta comisión de los delitos de estafa a inversores y de falseamiento de las cuentas de los ejercicios 2010 y 2011.
Así lo entiende el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ayer dictó el auto de apertura de juicio oral con el que pone punto final a la investigación de la salida a bolsa de Bankia sobre cuentas falseadas.
Pero Rato no estará solo en el banquillo. El juez procesa a otras 34 personas físicas y jurídicas, entre ellas al ex consejero delegado Francisco Verdú y a todo el consejo de administración de la entidad en los años investigados, incluyendo a un buen número de condenados por el uso de las tarjetas opacas, como Ildefonso Sánchez Barcoj, José Antonio Moral Santín, Arturo Fernández o Javier López Madrid.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación del FROB, piden cinco años de cárcel para Rato y penas inferiores para el resto de los acusados. El auto también acuerda juzgar a Bankia y a su matriz, BFA, además de a Deloitte, entonces auditor de las cuentas.
A lo largo de las 86 páginas de las que consta el auto, Andreu subraya que en los cinco años que se ha prolongado la instrucción se han recabado «indicios racionales» que demuestran que los administradores de BFA y Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que gestionaban. Dado que los números no reflejaban la imagen fiel del banco, su salida a bolsa provocó un perjuicio económico tanto a quienes acudieron a la oferta pública de suscripción de acciones como al Estado.
El juez explica la imputación de toda la antigua cúpula porque «no existe ninguna razón de peso para excluir la responsabilidad penal del superior que conoce la ejecución del acto antijurídico del inferior, cometido dentro tanto del ámbito de las funciones de este último como de las facultades de supervisión del superior, que, pudiendo hacerlo, no ejerce sus facultades de control o no actúa para evitarlo».
Sin embargo, los que no se sentarán en el banquillo serán los responsables del Banco de España y de la CNMV, como pedía la acusación popular. Andreu rechaza el sobreseimiento de la causa penal contra Bankia y BFA que pedía el fiscal, alegando su «actitud colaboradora» en la instrucción. El magistrado sostiene que su buena disposición podría suponer una «atenuación de la responsabilidad penal, pero no el sobreseimiento».
Deloitte, cooperador necesario
En lo que respecta a Deloitte, y tal y como lo acordó la Sala de lo Penal -enmendó la plana a la decisión inicial de Andreu-, el juez considera tanto a la auditora como a uno de sus socios, responsable de fiscalizar las cuentas de Bankia y certificar su veracidad, «cooperadores necesarios» para la comisión de los delitos que se les imputan a los acusados. «Se debe considerar dicha responsabilidad por cuanto [...] sin dicha revisión y verificación las autoridades reguladoras y supervisoras no hubieran permitido que la citada entidad bancaria operara en el parqué».
José Luis Pego logra permiso para ir solo a dormir la prisión de A Lama
José Luis Pego, uno de los exdirectivos de Caixanova en prisión por el escándalo de las indemnizaciones millonarias, acaba de lograr un tercer grado por parte del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Sigue así los pasos de Julio Fernández Gayoso. Pego, de 60 años, cumplirá en enero la mitad de su condena por aquel caso. Con ese permiso solo tendrá que ir a dormir a la prisión de A Lama, salvo fines de semana, libres. De día colaborará con el Banco de Alimentos de Vigo.
Dos inspectores buscarán delitos en la gestión del Banco Popular
La investigación que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en torno a las circunstancias que rodearon la crisis y posterior rescate del Banco Popular cuenta ya con dos expertos del Banco de España que se encargarán de diseccionar cada una de las decisiones que tomaron las cúpulas que dirigieron Ángel Ron (hasta febrero) y Emilio Saracho. El supervisor ha remitido un escrito al juez para comunicarle la designación de dos peritos (Santiago Jesús Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo) que se encargarán de analizar la información financiera del Popular, para averiguar si los antiguos gestores del banco incurrieron en algún tipo delictivo.
Este nombramiento se realiza en el marco de las diligencias previas del juez Andreu tras admitir varias querellas contra la antigua cúpula del Popular.