La plantilla de la aluminera pide el amparo de Bruselas para no cerrar

Trabajadores de Alcoa se desplazaron ayer a Bruselas para pedir amparo a las autoridades europeas. Denuncian las «negativas sistemáticas» de la Xunta y el Gobierno español a atender sus demandas a pocos días para que expire el plazo fijado por la multinacional estadounidense para bajar la persiana a las plantas de A Coruña y Avilés. Una clausura que dejaría en la calle a sus cerca de 700 empleados. El tiempo apremia y los afectados se aferran a las promesas de colaboración del comisario europeo de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete. Es la última bala en la recámara. Han llamado a todas las puertas, sin éxito.

«É escandaloso e insólito que sexa o comisario europeo o primeiro en recibir os traballadores de Alcoa», lamentó el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, acompañado por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, quien gestionó el encuentro.

Arias Cañete tomó nota de sus planes para reflotar las plantas. La plantilla exige que se diseñe una tarifa eléctrica especial «estable e predicible» para la industria electrointensiva, sin pagar peajes. Un coste que debería ser absorbido, según sus portavoces, por los Presupuestos Generales del Estado a cambio de obligar a las empresas beneficiarias a hacer inversiones productivas y compromisos para mantener el empleo y las condiciones laborales. Dentro de esa hoja de ruta se propone también que se abarate el precio general de la energía. Nadie comprende que el alto precio de la electricidad obligue a cerrar industrias en una región que produce más de lo que consume, como Galicia.

Otros incentivos

Otra de las demandas que lanzaron con el aval de Bruselas es la de aumentar las compensaciones por CO2. Carril reprocha al Ejecutivo español su dejadez y falta de interés en proteger a la industria gallega frente a sus competidoras de otros países, donde no son penalizadas por contaminar. Los porcentajes de retribución españoles (1,6 %) son «ridículos», según el portavoz del sindicato, quien apunta que en países como Alemania alcanzan el 38 %. Bruselas respalda sus tesis. «Hay margen de maniobra dentro de los mecanismos de compensaciones del sistema de emisiones, pero depende del Gobierno español […]. Ellos deciden si utilizar el dinero de los Presupuestos para el sistema de comercio de emisiones o utilizarlo para compensar más a los consumidores de energía», reconocen fuentes comunitarias.

A la espera de que el Ministerio de Transición Energética y el Ministerio de Industria muevan ficha, los trabajadores de Alcoa ya han reclamado a Bruselas que le otorgue al aluminio el mismo estatus que el acero, sector estratégico de la UE sometido a protección. «Ten que ser así polo nivel de ocupación e o nivel de riqueza que produce no país», sostuvo Carril, quien descarta que las investigaciones de la Comisión en torno a la incompatibilidad de las ayudas españolas a la interrumpibilidad vayan a repercutir negativamente en la plantilla, a pesar de que el dosier podría culminar con el reembolso de ayudas millonarias por parte de las beneficiarias como Alcoa.

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