El Gobierno propone limitar las futuras pensiones de viudedad en función de la renta familiar

El secretario de Estado de Seguridad Social sugiere que si el cónyuge superviviente cobra mucho más que el fallecido no debería tener prestación o, al menos, no una vitalicia. La ministra Valerio ha rectificado a su número dos


Redacción / La Voz

Aunque el adelanto electoral frustró la posibilidad de cerrar un acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo, la reforma del sistema de pensiones sigue siendo uno de los grandes retos pendientes que se arrastrarán a la próxima legislatura. Y pese al coste que puede tener en términos electorales, el Gobierno ya ha empezado a dejar ver alguna de las propuestas con las que, de repetir en la Moncloa, quiere contener el milmillonario déficit que cada año genera la Seguridad Social.

Fue el secretario de Estado de este organismo, Octavio Granado, el que destapó parcialmente las cartas, durante una intervención este martes en un foro sobre el futuro de las pensiones organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. En ellas, el número dos de Trabajo sugirió que entre las reformas que habría que abordar está la de las pensiones de viudedad, para vincular su percepción a la renta de la unidad familiar, de forma que ya no serían un derecho para cualquier cotizante, independientemente de su nivel de ingresos, como sucede ahora.

Argumenta Granado, en línea con lo que defienden otros expertos, que las prestaciones de viudedad se concibieron en un momento en el que las mujeres no se habían incorporado al mercado de trabajo, y que es necesario adaptarlas a la realidad actual. El responsable de la Seguridad Social deslizó que no es «razonable» que si una persona cobra mucho más que su cónyuge y este fallece, se le vaya a pagar una pensión para mejorar una renta que le permite vivir sin apuros, y mucho menos que la cobre de forma vitalicia.

Lo que habría que hacer, dice, es utilizar esos recursos para mejorar las pensiones de viudedad de aquellos cotizantes, la mayoría mujeres, que al perder a su pareja ven disminuir drásticamente su renta familiar y su calidad de vida, ya que normalmente los hombres tienen salarios más elevados.

Granado quiso, eso sí, lanzar un mensaje de tranquilidad a los perceptores de las 2,3 millones de pensiones de viudedad que se abonan actualmente (187.000, en Galicia), al asegurar que cualquier reforma se aplicaría solo a las futuras prestaciones y no se aplicaría a las ya reconocidas, ya que con estas «lo único que se va a hacer es mejorarlas».

La ministra Valerio rectifica a su número dos

Tras la polvareda levantada por el anuncio del secretario de Estado para la Seguridad Social, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, salió este miércoles a enmendar la plana a su número dos: «Rectifico totalmente. No hay idea de que el Gobierno vaya a modificar en absoluto las pensiones de viudedad. Si acaso lo que nos tenemos que plantear es, como la pensión media de viudedad es un poquito más de 700 euros, seguir en la senda de subir un poquito más las mínimas».

Otras medidas para sanear la Seguridad Social

Pensiones de viudedad al margen, Granado avanzó que hay otros cambios en estudio. Así, sugirió la posibilidad de revisar las pensiones de incapacidad, para que se puedan conceder prestaciones parciales, «porque una persona puede que no este capacitada para trabajar ocho horas, pero sí cuatro». Además, se quejó de la actual regulación de las bajas laborales: «Ni el rey ni el presidente del Gobierno pueden otorgar una pensión, pero un médico puede dar 40 bajas en cinco minutos».

Cotizar menos para el paro y más para la pensión

En su intervención, Granado desveló que en esta legislatura se ha debatido, sin llegar a un acuerdo, sobre la posibilidad de reducir las cotizaciones por desempleo (que encadenan cuatro años con superávit) para incrementar las de contingencias comunes, que son las que se destinan al pago de las pensiones. Se trata de una propuesta que en enero ya puso sobre la mesa la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La nómina de las pensiones crece al ritmo más alto en diez años

G. Lemos

Los nuevos jubilados cobran casi 80 euros más que los trabajadores que se incorporan al mercado laboral

Más de 9.535 millones de euros. Es lo que se ha gastado en enero el Estado en abonar la paga a los 8,8 millones de pensionistas (casi 680.000 de ellos gallegos) que dependen del sistema. De la magnitud de la cifra da una idea que la partida de un solo mes supera el presupuesto que manejó la Xunta durante todo el año pasado y que incluye el sostenimiento de la sanidad y la educación pública en la comunidad.

Los datos que publicó este viernes el Ministerio de Trabajo revelan que la nómina de las pensiones creció más de un 7 % respecto al mismo mes del 2018, el mayor incremento de los últimos diez años. Hay que remontarse a enero del 2009, justo al comienzo de la crisis, para encontrar un repunte mayor (en aquel caso, cercano al 12 %). Tras muchos meses de repuntes moderados, en el entorno del 3 % interanual, la decisión de vincular de nuevo la subida de las pensiones al IPC y dejar en el cajón el polémico índice aprobado por el anterior Gobierno del PP (que limitaba las alzas a un pírrico 0,25 % anual, para enjugar el déficit de la Seguridad Social) ha disparado de nuevo los gastos.

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