La multinacional no podrá pujar en la próxima subasta de interrumpibilidad
21 mar 2019 . Actualizado a las 18:29 h.Nueva piedra en el camino para la venta de las fábricas de aluminio primario de Alcoa en A Coruña y Avilés. Quien las quiera adquirir no dispondrá de incentivos por el servicio de interrumpibilidad durante la última mitad del año. Y será así porque la aún propietaria de las plantas, la multinacional estadounidense, no podrá pujar por ellas, sí por la de San Cibrao, en la subasta que se celebrará en junio próximo para repartir bonificaciones a la industria. No podrá concurrir porque ha renunciado a las que tenía adjudicadas para este primer semestre del 2019. Cuando un proveedor del servicio desiste de prestarlo y, por tanto, de cobrar los incentivos para abaratar el gasto en electricidad en el año en que le fueron asignados, «no puede presentarse a la subasta siguiente». Así de claro lo ha dejado Miguel Duvison, director general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), que organiza las subastas por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica. A cambio de estas bonificaciones, las empresas se prestan a reducir consumo cuando el sistema eléctrico lo precise, a dejarse interrumpir, de ahí el palabro del mecanismo.
En febrero, las fábricas de aluminio primario de Alcoa en ambas ciudades dejaron de producir metal. La empresa apagó temporalmente los hornos de electrolisis, que son los que hacen que la compañía dedique un 40 % de sus costes de explotación al gasto eléctrico. Alcoa no los volverá a encender, pero tanto el Gobierno como las comunidades autónomas de Galicia y Asturias están buscando compradores que reactiven la fabricación de aluminio. La multinacional ha dado de plazo hasta el 30 de junio para que hallen inversor. Si no aparece, las electrolisis serán demolidas y despedida el 43 % de la plantilla de ambas plantas. Alcoa seguirá en A Coruña y en Avilés, pero solo con las fundiciones.
La falta de incentivos a la interrumpibilidad será un obstáculo importante para encontrar a un comprador interesado en las fábricas. Hasta ahora, ese mecanismo ha sido una fuente inagotable de ingresos para las plantas -que, pese a ellos, están en pérdidas, según la compañía-. Así, según la propia Alcoa, en el 2016 obtuvo 120 millones; que fueron 150 al año siguiente; y 90 en el 2018. Este dinero incluye las tres fábricas de aluminio, es decir, también la de San Cibrao, que es casi tan grande como las otras dos juntas.
Bruselas está investigando si estos incentivos son ayudas de Estado. Pero Duvison defendió que este mecanismo existe en otros países europeos. «El Gobierno está interesado en que nuestra industria tenga las mismas condiciones de competitividad que el resto de Europa, por eso ese mecanismo sigue vigente», declaró.
España compra por primera vez más energía a Marruecos de la que le vende porque es más barata
El fenómeno empezó a producirse en el último trimestre del 2018, y continúa en estos primeros meses del año. España le está comprando a Marruecos más energía de la que le vende. Miguel Duvison explicó que está ocurriendo así porque la electricidad en el país vecino es más barata que la española en más ocasiones. Y lo es porque está produciendo energía en centrales de carbón. Pero es que los marroquíes no está obligados a comprar derechos de emisión, como sí los países de la Unión Europea. Algo que indigna al director general de Operación de REE, porque están compitiendo con ventaja. Duvison explicó que la Comisión Europea quiere tomar cartas en el asunto.
Con Francia el saldo fue también importador porque su electricidad costó de media diez euros menos por megavatio hora, según Duvison.
Un estatuto para la industria
La diferencia de precios de la electricidad con otros países del entorno es lo que motiva tanto el mecanismo de incentivos para la interrumpibilidad, como el estatuto para consumidores electrointensivos. El posible comprador de las plantas de Alcoa sí dispondrá de otros mecanismos de apoyo incluidos en un borrador que no contenta a casi nadie.
El presidente de REE, Jordi Sevilla, señaló que el estatuto es un «paso en la buena dirección». «No hay países que estén haciendo cosas muy distintas», señaló.
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, criticó a la Xunta por rechazar ahora el estatuto y no reclamar a los Gobiernos anteriores del PP medidas a apoyo a la industria.