Caen de doce a nueve los interesados en las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés
07 may 2019 . Actualizado a las 16:25 h.Los trabajadores de las fábricas de Alcoa en A Coruña y en Avilés -casi 700- se vieron más cerca del abismo el viernes 26 de abril, cuando comprobaron que el Consejo de Ministros no aprobaba ese día el estatuto de la industria electrointensiva, pese a que el Gobierno había prometido hacerlo. Ese documento contenía medidas e incentivos nuevos para un sector fuertemente dependiente del precio de la energía. Este está muy alto y sus costes, por tanto, también, por encima de los de sus competidores europeos.
Ese texto estaba llamado a ser especialmente la tabla de salvación de las dos plantas citadas. Alcoa las va a cerrar parcialmente y despedir al 43 % del personal total si no consigue venderlas antes del 30 de junio. Y ningún inversor se animará a tomar las riendas si no dispone de un marco retributivo estable que asegure unos costes que hagan rentables las fábricas.
El Gobierno aparcó el estatuto apelando a las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El regulador advertía que algunas de las medidas podrían ser consideradas ayudas de Estado por la Comisión Europea.
El documento queda en barbecho, pendiente de modificación y sin fecha nueva para su aprobación y entrada en vigor. Es una de las principales conclusiones de la reunión de la comisión de seguimiento de la crisis de Alcoa, celebrada este lunes en Madrid. En ella, el secretario general de Industria en funciones, Raúl Blanco, admitió que el estatuto tendrá que esperar. En su lugar, el Gobierno en funciones activará al fin las compensaciones por emisiones indirectas de CO2. De momento se convocarán 91 millones de euros, aunque promete ampliarlos en las próximas semanas hasta alcanzar 200 millones en total, que es la cantidad que reclamaban sindicatos y comunidades autónomas.
Las empresas que se beneficien de estos incentivos públicos tendrán que cumplir por primera vez con unas nuevas condiciones: mantenimiento de al menos el 85 % de la plantilla durante los tres años posteriores, aunque esta garantía se esfuma en situaciones de crisis. José Manuel de la Uz, presidente del comité de Alcoa en Avilés, considera que Alcoa cumpliría esas condiciones.
De la Uz negó que esas compensaciones suplan el estatuto, que consideró imprescindible para dotar a la industria de un marco estable durante varios años. Lo mismo defiende la Xunta, y el propio Blanco considera que el estatuto «pueda ser un elemento que contribuya a la solución en el caso de Alcoa».
El secretario general de Industria avanzó también que de los doce inversores interesados hace unas semanas en las plantas, quedan cinco, que ya han presentado oferta, aunque no vinculante todavía, y otros cuarto, que están a punto de hacerlo. Alcoa lidera las negociaciones con ellos, pero los sindicatos reclaman vigilancia del Ministerio de Industria. No se fían de la multinacional.
El director xeral de Industria, Bernardo Tahoces, representó a la Xunta en la comisión. Allí exigió una solución integral para las dos plantas, esto es, que se vendan las dos, o por separado o juntas, y que no quede ninguna sin viabilidad.
