En una auditoría, el supervisor consideró «normal» el crédito de 67 millones por el que se juzga a la excúpula de Caixanova
30 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, tiró este martes por elevación y se amparó en un informe del Banco de España para defender la legalidad de la operación inmobiliaria que la antigua caja gallega financió en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid y por la que su excúpula ha vuelto al banquillo de la Audiencia Nacional, acusada de un delito de administración desleal, por el que se enfrenta hasta a cuatro años de cárcel.
El préstamo hipotecario de 67,1 millones de euros, concedido a la mercantil Rivas ACI S.L. en abril del 2007 para comprar suelo en el que construir vivienda protegida, acabó provocando a la entidad un quebranto patrimonial de casi 42 millones. Sin embargo, el que fuera máximo responsable de la caja gallega durante décadas, sostuvo que la operación -denunciada por el FROB ante la Fiscalía Anticorrupción, que en el 2015 la trasladó a la Audiencia Nacional- era perfectamente correcta y que así lo corroboró el Banco de España en un informe de auditoría con datos a 31 de diciembre del 2008 y hecho público en julio del 2009, poco antes de la «desaparición» de Caixanova al fusionarse con Caixa Galicia.
«En esa inspección del Banco de España se dice que han analizado, entre otras muchas operaciones, la de Rivas, y que les merece la calificación de normal», argumentó Gayoso, para añadir que tal consideración del supervisor significaba que «no vio nada irregular en la operación, ni en el porcentaje, ni en la fecha de la tasación».
El expresidente se escudó en su avanzada edad -cumplirá 88 años «en unos días»- para asegurar a la fiscal, Inmaculada Violán, que no recordaba muchos detalles de «unos acontecimientos que ocurrieron hace trece años». Sin embargo, defendió con contundencia los controles que la operación pasó en Caixanova, donde fue validada por veinte firmas: las de los diez miembros del comité superior de riesgos, «un órgano colegiado, multidisciplinar y en el que estaban las mejores cabezas del banco», y las de los otros diez de la comisión delegada, encargada de elevar la propuesta al consejo de administración.
Igual que la víspera lo hiciera el ex director general adjunto y responsable de la división comercial de Caixanova, Gregorio Gorriarán, Gayoso también defendió que aunque la cuantía del préstamo era elevada y se financió el 85 % del valor de tasación del terreno (por encima de lo recomendado por los analistas, que veían con mejores ojos un crédito sindicado), la entidad no consideró que el riesgo fuera extraordinario, especialmente porque tras una de las sociedades integrantes de Rivas ACI estaba el Grupo Copasa, cliente habitual de Caixanova y «líder» del sector de la construcción en Galicia.
Tras los pasos de La Caixa
También destacó que la operación por la que ahora se les juzga había sido financiada originalmente por La Caixa. «Lo que estábamos aprobando para Rivas ACI era una subrogación de un préstamo concedido por La Caixa, que era -y sigue siendo- el referente nacional de las cajas de ahorro. Por lo tanto, inspirarse en la Caja de Pensiones para una operación y reproducir la financiación no era ninguna tontería», insistió, asegurando, además, que las condiciones acordadas para el crédito eran más ventajosas para Caixanova.
Gayoso también negó que la operación hubiera recibido ningún trato especial por el hecho de que Antonio Gorriarán, hermano del ex director general adjunto, poseyera un 6 % de Proseinga, una de las sociedades vinculadas a Rivas ACI. «Aquí no se hizo ninguna excepción, se le dio el trato normal de cualquier operación, eso lo puedo asegurar al 100 %», sostuvo el expresidente, algo reiterado después por el ex director general, José Luis Pego, durante su declaración.
Gregorio Gorriarán, cuyo interrogatorio concluyó ayer pese a comenzar la víspera, se emocionó hasta las lágrimas al recordar que su hermano -estuvo investigado en la causa, aunque no fue procesado- «se siente culpable de que esté yo aquí», y apeló a la «cultura de la transparencia» de Caixanova y a que nadie objetó la operación porque estuviera en ella su familiar.
