El ministro de Seguridad Social plantea retirar los incentivos a los planes individuales
05 mar 2020 . Actualizado a las 20:03 h.No era ayer la primera vez que José Luis Escrivá comparecía en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Pero si antes lo hacía con el traje de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ese pepito grillo de las cuentas públicas que le dice a la Administración lo que debe hacer, ahora viste el de ministro de Seguridad Social, con la responsabilidad de llevar a la práctica esas políticas que antes predicaba.
Su guion, pese al cambio de vestuario, no varió mucho. Y aunque se manejó con cautela, dejó dos grandes titulares que tendrá que desarrollar en los cuatro años de legislatura. Primero, que el Gobierno se va poner manos a la obra para endurecer el régimen de la jubilación anticipada, con el objetivo de evitar que siga creciendo el número de trabajadores que se retiran antes de la edad a la que, por ley, les correspondería. Solo el año pasado esas jubilaciones anticipadas supusieron el 16 % del total, y la cifra se ha incrementado un 66 % en el último lustro.
Y si se quiere enjugar el déficit presente y futuro de la Seguridad Social es vital, advirtió Escrivá, ir acompasando la edad real de jubilación con la legal. Algo para lo que no se ha mostrado demasiado eficaz el actual coeficiente reductor, porque aunque sobre el papel se come un 8 % de la pensión por cada año de adelanto del retiro, en la práctica, reconoció el ministro, la penalización acaba siendo inferior. «El incentivo es regresivo», apuntó Escrivá, que ve «margen de rediseño para que resulte más desincentivador». Esto es, para que el recorte en la pensión de quienes opten por esta fórmula sea mayor y haga que incluso aquellos trabajadores con salarios elevados, que son los que más recurren a esta práctica y los que menos pelos se dejan en la gatera, se lo piensen más antes de irse a casa.
El segundo anuncio fue que la bonificación fiscal de los planes de pensiones puede tener los días contados. Al menos, la de los planes individuales. Porque el Gobierno quiere «desplazar» esos incentivos a los planes de empresa, que generan más rentabilidad (un 4 % de media en los últimos diez años, frente al 2,5 % de los personales), son más baratos (la comisión media es del 0,3 %, la cuarta parte que los individuales) y protegen más a los trabajadores con rentas medias y bajas, que son los que más necesitan complementar su pensión pública.
Porque, tal y como está configurado actualmente el sistema, la reducción en el IRPF por las aportaciones a los planes individuales beneficia especialmente a los contribuyentes con rentas más altas, que pueden agotar el tope de aportaciones bonificable (8.000 euros al año) y que, a igual contribución, recuperan más dinero a la hora de hacer la declaración de la renta que otro contribuyente con menos ingresos.
Para defender el cambio de modelo, Escrivá aludió al modelo vasco, donde los planes de empresa cuentan con más incentivos fiscales y amparan ya a la mitad de los trabajadores, frente a un pírrico 10 % en el resto del país.
Complemento por maternidad
En su intervención, el ministro de Seguridad Social desveló que su departamento ya trabaja en el rediseño del complemento de maternidad en las pensiones de jubilación. Después de que la Justicia europea sentenciase su carácter discriminatorio, ya que no se concede a los hombres, Escrivá anunció que la nueva normativa lo vinculará a «los agujeros o vacíos en la vida laboral» de las personas tras tener hijos.
Al margen de los debates económicos, el ministro quiso urgir a los grupos a llegar a un acuerdo sobre el futuro de las pensiones apelando a la creciente desmovilización política de los jubilados. En ese sentido, aseguró que en su departamento han detectado que en las últimas elecciones se ha detectado entre los mayores una tendencia «a abstenerse más que el resto de los españoles», lo que vinculó a la «desafección» producida por la falta de acuerdo para la reforma del sistema de pensiones.