Los mercados internacionales han facilitado actos delictivos y de corrupción
28 jun 2020 . Actualizado a las 09:45 h.Los costes que suponen el pago de los más de 7,5 billones de dólares que las economías emergentes deben a sus acreedores externos se están volviendo cada vez más onerosos. Y esta circunstancia coincide justo cuando estos territorios necesitan el mayor margen fiscal posible para poder hacer frente a la crisis del covid-19. A pesar de que hay sólidas razones para cancelar buena parte de esta deuda, son muchos los que se oponen a hacerlo, con el argumento de que se limitaría el acceso futuro de esos países a los mercados internacionales, reduciendo así la inversión y el crecimiento.
Pero en realidad, el sustento empírico de esta opinión es bastante débil. En vez de dar impulso sostenido a la inversión y al crecimiento, el efecto más probable de los flujos financieros internacionales en las economías en desarrollo es una mayor volatilidad. Aun así, hace ya un tiempo que en los ámbitos académicos se da por sentado que las finanzas internacionales ayudan a las economías emergentes a crear instituciones más eficaces, por ejemplo, mediante el desarrollo del sistema bancario y bursátil. Aquellos que se oponen a la condonación de deudas también sostienen que los países emergentes necesitan la «disciplina» que exigen los mercados internacionales de bonos, ya que la amenaza de fuga de capitales restringe el mal gobierno de autócratas y populistas.
Por eso durante la crisis de deuda europea se exhortó a los griegos a seguir pagando a los bancos extranjeros, para proteger su perfil crediticio. E incluso después del rechazo del electorado griego a las condiciones impuestas por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional), el gobierno de Alexis Tsipras terminó llegando a un acuerdo. Ante esto, la conclusión en muchos ámbitos fue que la disciplina de mercado había funcionado.
Sustento a los autócratas
Pero este relato ya no parece verosímil. En vez de poner coto a los déspotas, las finanzas internacionales les han dado sustento. Por ejemplo, en Sudáfrica entre el año 2009 y el 2018, el flujo de fondos extranjeros no se detuvo ni siquiera cuando ya era obvio que el gobierno cleptócrata del entonces presidente Jacob Zuma estaba vaciando la economía y las instituciones del país. Al final, la caída de Zuma se produjo porque su propio partido, el Congreso Nacional Africano, tomó medidas para destituirle. En la salida de Zuma poco tuvo que ver el látigo de los mercados internacionales.
Por otra parte, los ataques del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a las instituciones de su país han coincidido con una caída de la inversión y de la productividad. Y a pesar de ello, los inversores extranjeros le lanzaron un salvavidas. Con un flujo ininterrumpido de dinero a su disposición para financiar un creciente déficit de cuenta corriente y sostener una economía que se tambaleaba, Erdogan ha podido consolidar su dominio, e incluso establecer un sistema presidencial donde él mismo controla al Parlamento y a los tribunales.
Al igual que en el caso de Zuma, la mayor resistencia contra Erdogan no ha procedido de los mercados internacionales, sino de la política interna. En las elecciones municipales del año pasado, su partido perdió en la mayoría de las grandes ciudades, y el poder de Erdogan quedó muy debilitado. Además de estos ejemplos, hay cada vez más pruebas de que las finanzas internacionales han facilitado actos delictivos y de corrupción en los mercados emergentes, como ocurrió con la presunta participación de Goldman Sachs en el escándalo del fondo soberano malasio 1Malaysia Developvemt Berhard, un fraude que ascendió hasta los 700 millones de dólares. Ninguno de estos casos debería ser sorpresa. ¿Por qué se abstendrían las instituciones financieras internacionales de aprovechar oportunidades de dar crédito en condiciones atractivas a dictadores, o de mejorar las ganancias ayudando a cleptócratas y empresas dudosas a dibujar estados contables y explotar paraísos fiscales?
Para salir de este statu quo disfuncional, necesitamos formas que nos permitan reestructurar y condonar deudas que excluyan a los regímenes corruptos. Una posibilidad sería crear un organismo internacional imparcial que fije reglas para que las prácticas crediticias de los bancos internacionales sean justas. Luego la misma institución puede ser la encargada de determinar si las deudas actuales de un país se acumularon durante gobiernos democráticos o si por el contrario son herencia de un festival de endeudamiento fraudulento. Además, también pueden decidir si la devolución o el pago de intereses impondrán padecimientos inaceptables a la población.
Condiciones generosas
Los países que se hayan endeudado bajo gobiernos democráticos podrán reestructurar su deuda externa con condiciones generosas; opciones similares también pueden ofrecerse a acreedores de largo plazo y a los que hayan realizado inversión extranjera directa en los mercados emergentes (porque es más difícil que estas formas de préstamo terminen en los bolsillos de dictadores). Para los países del segundo grupo, la deuda ilegítima acumulada durante gobiernos totalitarios o corruptos se debe cancelar. La ciudadanía ordinaria no tiene que sufrir las consecuencias de acuerdos entre instituciones financieras y políticos que no eligió. Y los inversores que suscribieron acuerdos temerarios con cleptócratas no tienen que recibir protección internacional. En cuanto a los países del tercer grupo (gobiernos para los que el coste de devolución o pago de intereses sería socialmente intolerable) es evidente que no hay que obligarlos a hundirse todavía más en la pobreza, aun tratándose de deudas contraídas bajo gobiernos democráticamente elegidos.
Pensárselo bien antes de sostener regímenes autoritarios
La creencia de que una ronda masiva de condonación de deuda cortará el flujo de capital a los mercados emergentes es infundada. Incluso si estos países se negaran a la reestructuración, el peso de sus propias deudas impediría futuras inversiones en infraestructuras, en nuevas tecnologías o el alivio de la pobreza.
La cancelación de deudas ilegítimas permitiría la mejora de los incentivos en los mercados financieros internacionales, porque los inversores tendrán que pensárselo bien antes de sostener regímenes autoritarios y corruptos. Y este cambio puede impulsar el diseño de un nuevo marco de integración financiera internacional. Pero solo funcionará si no se convierte en un repudio indiscriminado a la financiación internacional. Muchos países en desarrollo todavía necesitan recursos para infraestructuras y otro tipo de inversiones. Y todavía hay abundancia de flujos financieros internacionales responsables y regulados que pueden aprovechar. No debemos crear una situación en la que los mercados emergentes y los países en desarrollo queden totalmente privados de acceso a financiación.
Por eso, es necesario que la cancelación de deudas se presente claramente como una medida de emergencia que diferencie entre aquellas instituciones que actuaron de manera adecuada y las que firmaron acuerdos con gobiernos corruptos y autoritarios.
Necesitamos un organismo internacional que además de supervisar las reglas de los futuros compromisos de inversión y vigilar la mala conducta financiera también sirva de sustento a un nuevo marco mundial de normas y estándares. Es el único modo de garantizar la legitimidad del sistema ante la mirada de los países en desarrollo y de las instituciones financieras internacionales por igual.
Daron Acemoglu profesor de Economía en el MIT, es coautor (con James A. Robinson) de The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. Traducción, Esteban Flamini.