El Gobierno descarta una intervención por la fuerza de la planta de Alcoa

Presiona a la empresa para que la venda a la SEPI, y esta a su vez a Liberty


redacción / agencia

El Ministerio de Industria descarta nacionalizar o intervenir por la fuerza la última fábrica de aluminio primario de España, la de Alcoa en San Cibrao (Cervo), para evitar su desaparición. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, reconoce que va a ser difícil implementar una operación así dentro del marco europeo. Y añadió: «La última expropiación que hizo el Estado fue la de Rumasa, en 1983, que estuvo muchos años en litigio, pero es que, además, en el 86 entramos en la Unión Europea. Ahora tenemos que respetar el marco constitucional y el marco comunitario. No es fácil implementar una operación así dentro de la UE y que no nos dé problemas durante diez años de litigios».

No es fácil implementar una operación así dentro de la UE y que no nos dé problemas durante diez años de litigios

El secretario general de Industria destacó que, además, «esa fase implicaría pagarle a Alcoa, y lo último que se merece es que le paguemos un cierre con el dinero de todos». Blanco desconoce cuánto le costaría al Estado expropiarle la fábrica a la empresa.

Entonces, ¿qué piensa hacer el Gobierno para evitar el adiós de la última fábrica de aluminio y el despido de 524 trabajadores? «Se están estudiando todos los escenarios, todas las posibilidades están abiertas y dentro del marco jurídico haremos todo lo que sea posible, pero hay que ser muy rigurosos cuando se plantean esos niveles de intervención», responde Blanco.

Sin embargo, aunque una operación por la fuerza no parece posible, tanto la Xunta como el ministerio están intentando forzar a Alcoa a que acepte una intervención amistosa. O sea, que le venda la planta a la SEPI y esta a su vez al grupo británico Liberty. La única opción es que Alcoa «quiera o que entienda que no hay otro camino», destacó Blanco.

Para forzarla, «estamos elevando la presión al máximo por parte de las dos Administraciones», aclaró. Los contactos con la multinacional se cortaron hace días, reconoce el responsable de Industria. «Se les está hablando, pero en términos administrativos. Tanto el ministerio como la Xunta le hemos enviado distintos requerimientos en el ámbito laboral y de ayudas públicas».

Así, recordó que tanto el Gobierno autónomo como los sindicatos están preparando la impugnación del ERE y la petición de medidas cautelares para aplazar los despidos y el apagado de las cubas de electrolisis. El ministerio, por su parte, ha exigido ya la devolución de 50 millones que se embolsó la multinacional en ayudas por las emisiones de CO2.

Raúl Blanco defiende que el Gobierno lleva meses interviniendo. «Intervinimos cuando le propusimos a Alcoa que la SEPI podía comprar la planta. Eso es una intervención pública porque era el Estado el que la compraba. Se pusieron todos los elementos para hacerlo posible y la empresa no quiso. En el último minuto, cuando estaba todo encima de la mesa para hacer esa operación, se echó para atrás». Blanco subraya que «esa oferta estaba en línea con lo que venía proponiendo Alcoa desde agosto, y por tanto miente cuando dice que no se daban las condiciones para la venta. Su mala fe negociadora ha quedado bastante demostrada».

La mala fe negociadora de Alcoa ha quedado bastante demostrada

La multinacional del aluminio lleva una semana callada, desde que comunicó que aplicaría el ERE para 524 trabajadores y cerraría la planta tras fracasar las negociaciones con Liberty.

El secretario general de Industria augura «un conflicto laboral, social y judicial largo, cruel e innecesario, y la culpa está claro que es Alcoa».

«Quisiera decir que quedan semanas para aprobar el estatuto»

El Ministerio de Industria ha dado un montón de plazos para la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo. No se han cumplido. Y Raúl Blanco ya prefiere no dar nuevas fechas: «Quisiera decir que solo quedan unas semanas, pero no voy a dar un plazo, porque ya lo hemos hecho y no hemos podido cumplirlos». El secretario general de Industria explica que el retraso es una muestra de la «complejidad del proceso de tener un sistema de apoyo a la industria electrointensiva autorizado por la Comisión Europea». En la actualidad, «estamos en los últimos pasos de negociación con la Comisión y luego solo nos quedarían dos pasos a nivel nacional». La complejidad y la tardanza también se han producido por la necesidad de negociar el estatuto con el Ministerio para la Transición Ecológica, reconoce. «Teníamos que ir juntos y eso ha hecho que sea un trabajo largo e intenso durante dos años. El estatuto que salga será para muchos años y con dotación presupuestaria».

Liberty sigue de compras y tontea con ThyssenKrupp

El grupo británico Liberty da muestras de un apetito voraz y sigue buscando empresas por toda Europa que engorden su cartera de industrias del aluminio y del acero. Además de mantener las esperanzas de hacerse finalmente con la fábrica gallega de Alcoa, la compañía ha lanzado una oferta para comprar la división de acero de la alemana ThyssenKrupp. Se trata del segundo mayor productor de ese metal de Europa, tras Arcelor Mittal.

La operación debe superar dos obstáculos: el de la Comisión Europea —que el año pasado frenó la compra de ThyssenKrupp por parte de Tata Steel— y el del Gobierno alemán. Este está recibiendo presiones sociales para que rescate la compañía. Como aquí.

El secretario general de Industria no descarta que Liberty pueda interesarse por las fábricas que pertenecían a Alcoa en A Coruña y Avilés. «El grupo tiene un plan de expansión por toda Europa. Ahora lo primero es la planta de San Cibrao, pero no es descartable que pudiera estudiar otras opciones», señaló tras referirse a las plantas de A Coruña y Avilés, que atraviesan por una situación preocupante, en palabras del propio secretario general de Industria. La multinacional estadounidense vendió ambas plantas el año pasado al fondo de inversión Parter. Este adquirió el compromiso de mantener producción y empleo (más de 600 puestos) durante dos años. Pero a los pocos meses revendió los activos al grupo industrial Riesgo, en una operación autorizada por Alcoa, pero que los comités de empresa acaban de llevar ante la Fiscalía pues la consideran ilegal.

Tanto el ministerio como la Xunta actuaron de supervisores de la venta a un fondo elegido por Alcoa. «Trabajamos todas las partes. Todo lo que se firmó iba en la buena línea, pero no se ha cumplido y ya vemos cómo es la situación en A Coruña y en Avilés. Pero lo más grave es que Alcoa avala a los actuales dueños, es la que tiene que dar explicaciones y es responsable de lo que suceda en esas plantas», resaltó Blanco.

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