Cree que es necesaria la creación de una comisión para controlar las subidas descontroladas del salario mínimo
27 may 2021 . Actualizado a las 17:18 h.No es el momento de derogar la reforma laboral. Es el mensaje que ha enviado hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a España, después de analizar la situación de la economía tras casi un año y medio de pandemia. «La actual regulación laboral, que da flexibilidad a nivel de las empresas, puede ayudar a estas a adaptarse más fácilmente en la fase de recuperación», señala el organismo en un informe presentado este jueves por su Secretario General, Ángel Gurría, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño.
La recomendación no podía ser más explícita. El organismo cree que la flexibilidad laboral ayudó a la recuperación de la economía española y considera que podría seguir haciéndolo en los próximos meses, siempre que el Ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda Díaz, renuncie a su pretensión de priorizar los convenios sectoriales por encima de los convenios de empresa y de recuperar la ultraactividad (prorrogar los convenios vigentes en caso de no llegar a un acuerdo): «Priorizar los acuerdos a nivel de empresa sobre los convenios sectoriales o regionales han incrementado la adaptación salarial», recuerdan los expertos. Para ellos, este sistema puede aumentar la reubicación de trabajadores y aumentar la productividad como motor para salir a corto plazo de la crisis. Las empresas «necesitarán adaptarse a unas condiciones económicas muy diferentes tras la pandemia, con cambios en la demanda de ciertos productos o servicios y probables cambios en la estructura económica», sostienen.
Calviño, que siempre se ha mostrado más ortodoxa que Díaz en cuestiones laborales, ha vuelto a enmendar a su compañera de Trabajo. Al menos de forma velada porque no ha hablado de derogar la reforma laboral, sino de «mejorar las normas existentes» y de «tener en cuenta todas las consideraciones» de la OCDE y otros organismos internacionales en materia laboral.
Temporalidad
A pesar de criticar los deseos de Díaz de derogar la reforma laboral, la OCDE sí comparte algunas recetas propuestas por el Ejecutivo español en materia de contratación, como la eliminación de bonificaciones ineficaces y la reducción de los tipos de contrato a solo tres: estable, temporal y el de formación. No solo eso. Se muestra especialmente preocupado por los niveles de temporalidad (el doble que la media europea). Ese uso abusivo de los contratos con fecha de caducidad temprana está detrás de las cifras de destrucción de empleo e inactividad temporal que se anotó el país durante la pandemia. Muchos trabajadores fueron expulsados del mercado laboral al no renovarles los contratos. Eso se traduce, recuerda la OCDE, en mayores tasas de pobreza entre los empleados: del 21,3 % para los temporales, del 26,9 % para los que trabajan a jornada parcial y un 21,7 % entre los autónomos. Entre los asalariados fijos, sin embargo, apenas llegan al 7,3 %. También le preocupa el uso generalizado de la subcontratación, por eso apoya al Ejecutivo en el endurecimiento de las condiciones y le propone «forzar a las empresas a asumir de forma interna el coste de usar contratos temporales», como ya hacen algunos países como Estados Unidos.
Salario mínimo
Donde la OCDE le pide a España que ponga freno es a la progresiva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Los incrementos del 22 % en el 2019 y del 5,6 % en el 2020 preocupan a sus expertos: «Las recientes subidas del salario mínimo no se han aplicado de forma gradual, lo que podría perjuducar al empleo de grupos vulnerables», sostienen. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? Mujeres, jóvenes y trabajadores de regiones con una renta per cápita más baja. Para evitar que, al igual que la subida de las pensiones, el SMI se convierta en una herramienta de uso político, la OCDE sugiere a España la creación de una comisión permanente que evalúe de forma periódica los cambios en el SMI, para que «vayan en consonancia con la evolución de las condiciones del mercado laboral y la productividad».
Pensiones
Hablar de la sostenibilidad de la deuda en el futuro es hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y este es un capítulo que le preocupa a la OCDE, que prevé un aumento meteórico de la deuda española en el 2050 (171 % del PIB) si los costes aparejados al envejecimiento y las pensiones no se compensan. Si se toman medidas, la carga para las generaciones futuras se estancaría en un 116 % del PIB. En el escenario más optimista (contención del gasto en pensiones y un crecimiento económico muy alto), la deuda podría reducirse para mediados de siglo hasta el 82 % del PIB (todavía muy por encima del 60 % que marcan las actuales normas de disciplina fiscal del euro). Por todo ello, el organismo reclama un verdadero plan de ajuste fiscal a medio plazo, «creíble» y eficaz para garantizar su sostenibilidad.
En materia de pensiones recuerda que España está por encima de la media de la OCDE en gasto. Cada año reserva un 10,9 % anual de la riqueza nacional a pagar prestaciones a jubilados y pensionistas, frente al 8 % de los países más desarrollados. Y lo que más le preocupa al organismo es que el Ejecutivo español siga desmantelando las reformas del 2011 y el 2013. La negativa a aplicar el factor de sostenibilidad, desterrado hasta el 2023, «se traduce en un aumento del gasto en pensiones que pasará del 11,9 % al 15,1 % en el 2050», alertan. El Pacto de Toledo acordó -al igual que la Seguridad Social- volver a vincular la evolución de las pensiones al IPC, algo que los expertos de la OCDE y Bruselas cuestionan. «Es importante tomar medidas adecuadas y socialmente aceptables de inmediato para garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones», sostienen.
Sí avalan la propuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de alargar la edad de jubilación real y pude acompasarla a la esperanza de vida. Además propone incentivos a quienes opten por retrasar su salida del mercado laboral. Le preocupa, eso sí, los rodeos que está dando el Gobierno para emprender los cambios: «Buscar un consenso social y político sobre las reformas ayuda a garantizar su largo plazo, pero no se deberían retrasar en caso de que no se pueda alcanzar un consenso», advierte. Sus expertos también se muestran preocupados por la enorme brecha temporal que hay entre la edad media de salida del mercado laboral y la edad de jubilación. Una brecha que deja a muchos adultos sin opción de trabajo al llegar a los cincuenta años si son despedidos.
La OCDE también se adentra en el debate del gasto público. De hecho, el organismo no deja de sorprenderse porque España optara por ajustar sus cuentas reduciendo la inversión pública en I+D y educación durante la última crisis en lugar del gasto corriente, que no tiene efectos sobre la productividad de la economía. Un error en el que podría estar cayendo de nuevo el Gobierno al incluir en sus planes el gasto continuado en las subidas de las pensiones.
Fondos europeos
Hay indicios de que España tiene problemas con la carga burocrática y con una lenta absorción de los fondos europeos. Eso dice el informe de expertos, en el que también se insta al Gobierno español a ser más transparente con los criterios de elegibilidad de los proyectos que recibirán ayudas del fondo de recuperación Next Generation EU (140.000 millones de euros): «También será importante un diseño transparente de los procedimientos y criterios para priorizar proyectos y comprometerse con los análisis de coste-beneficio. Evaluaciones recientes han hallado brechas en el diseño y ejecución de inversiones en infraestructuras en España y estos desafíos podrían ser mayores para la inversión en activos digitales e intangibles», señalan. Una recomendación que ya hicieron algunos Ejecutivos autonómicos como el gallego, molestos por el anuncio anticipado de ayudas para la planta de baterías de Seat de Martorell (Barcelona), sin tan siquiera acudir a concurso público.
Subida de impuestos
En el terreno fiscal, la OCDE coincide con el Gobierno español en la necesidad de eliminar muchas de las bonificaciones de las que hoy disfrutan las rentas altas y empresas. No solo distorsionan los esfuerzos de redistribución de la riqueza en uno de los países más desiguales de la UE, sino que cercena la recaudación de las arcas públicas. Aunque sus expertos recomiendan esperar a que se asiente la recuperación para emprender los cambios, instan al Gobierno español a marcar una hoja de ruta clara para la reforma fiscal en la que incluya subidas de impuestos. Sus apuestas apuntan en dos direcciones claras: el IVA y las tasas medioambientales (en las que España está en el furgón de cola de la OCDE). La presión fiscal a través de estas dos vías es muy baja y eso tiene efectos regresivos.
En el menú de impuestos a la carta, el organismo sugiere a España gravar el diésel (aplazado en el 2020 para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado) y que aumente los precios para el uso del carbón, tanto para las emisiones por carreteras como fuera de ellas. El sector del transporte se anotó en el 2018 el 26 % de las emisiones, pero solo contribuyeron un 12,7 % al total de la recaudación de impuestos ambientales, en comparación con la media del 23 % de la OCDE.
Aunque sus expertos estan satisfechos con algunos cambios introducidos en el 2021, en materia fiscal advierten de las «distorsiones» que puede provocar la puesta en marcha unilateral de la tasa Tobin y la tasa Google a las transacciones financieras y servicios de publicidad de las grandes tecnológicas. En el primero caso, la OCDE cree que el volumen de recaudación (menos del 0,2 % de la caja anual) no compensa el aumento del riesgo de deslocalización del capital desde España a otros países que no aplican este impuesto. En este sentido, reconocen que la falta de armonización internacional «crea un riesgo para las empresas españolas».
Moratoria concursal
Sin duda, las moratorias han sido un instrumento fundamental para mantener en pie buena parte del tejido productivo español. Tanto las que tienen que ver con los préstamos como las vinculadas a los concursos de acreedores. La última, extiende hasta el 31 de diciembre el período de gracia concedido a las empresas para no tener que acudir a concurso en caso de experimentar problemas de solvencia. Y esto preocupa, no solo en los Juzgados, también a los expertos de la OCDE, quienes creen que este aplazamiento prolongado puede «impedir la reestructuración de la deuda de empresas viables o la liquidación de las no viables y crear una acumulación de casos de insolvencia». ¿Qué recomienda el organismo al Gobierno español? Acabar con la moratoria más pronto que tarde: «No debería extenderse más allá, a no ser que la recuperación se interrumpa». En Lugar de eso, proponen «ayudas directas focalizadas a las empresas» y modificar os procesos de reestructuración para hacerlos «más eficientes», ya que en España casi todos acaban en la liquidación y apenas hay segundas oportunidades para las compañías. Y ahí en donde lanzan un pequeño aviso a navegantes: si no se dota de recursos a los Juzgados, habrá problemas: «Una reestructuración rápida de empresas viables con problemas temporales podría evitar liquidaciones injustificadas, pero la saturación de los Juzgados puede dilatar este procedimiento», alertan.
Esa hibernación de las pérdidas empresariales preocupa a la OCDE. Recuerda los negocios que cerraron sus cuentas en números rojos el año pasado pasaron del 8 % al 34 %, con un «efecto más alto desproporcionado en las pymes de los sectores más dañados». Las empresas más expuestas a los riesgos de insolvencia, sostienen sus expertos, son las firmas jóvenes de baja productividad en sectores más golpeados por las restricciones.
Ayudas directas
A pesar de la incertidumbre sobre el número de quiebras que esperan a la vuelta de la esquina, la OCDE cree que es el momento de pasar de refinanciar y avalar deuda a participar en la recapitalización directa de las empresas, como se ha hecho con el fondo para empresas estratégicas gestionado por la SEPI (10.000 millones de euros) y más recientemente con el fondo de rescate para pymes y autónomos (7.000 millones de euros) o el Código de Buenas Prácticas, al que se han suscrito ya varios bancos para reestructurar deudas (con la posibilidad de convertir deuda avalada por el Estado en préstamos participativos y de hasta aplicar quitas). Eso sí, siempre con una «estrategia creíble de salida de los fondos públicos» para que sean eficaces y garantizar que no se sostiene de forma artificial a empresas en defunción.
El problema que detecta la organización es que el dinero no está fluyendo al tejido productivo. De hecho, empresarios y autónomos llevan semanas reclamando las ayudas, que no llegan: «Hay que garantizar el pronto desembolso de las nuevas ayudas directas e incrementar los fondos asignados si fuera necesario», le recuerdan al Gobierno español, que culpa a las comunidades autónomas de los retrasos. La OCDE insiste en que las condiciones de elegibilidad y el código de buenas prácticas debe establecerse de inmediato para evitar insolvencias y advierten de que puede que haya «algunas regiones» no equipadas con los recursos para identificar rápidamente a las empresas viables que deben ser apoyadas o no hay unas directrices claras a los bancos para emprezar a reestructurar los préstamos. Los expertos recomiendan solventar estos problemas y acompañar las ayudas de «incentivos fiscales a los acreedores privados para reestructurar deudas». Por ejemplo, las exenciones para quienes perdonen una parte a los deudores.
ERTE
¿Qué hay de las ayudas a empresas y trabajadores en ERTE? La OCDE cree que es imprescindible seguir auxiliando a los sectores más golpeados, pero es necesario focalizar bien las ayudas y «asegurarse de que los trabajadores acogidos a programas de reducción temporal de empleo hagan un uso eficaz de su prioridad en materia de formación». Y es que los expertos están convencidos de que la economía española no será capaz de reabsorber a los más de 500.000 trabajadores que siguen en ERTE. Por eso recomiendan «reasignar» esta fuerza laboral a otras empresas y sectores.
Renta mínima
La OCDE aplaude la medida del Gobierno de introducir una renta mínima (ingreso mínimo vital, IMV) para sostener a los hogares con rentas más bajas que no pueden hacer frente a gastos corrientes. Pero le recuerda que, casi un año después de ponerlo en marcha, sigue funcionando de forma ineficiente y no alcanza a todos los ciudadanos que necesitan su cobertura. Además, no incorpora incentivos para la incorporación al mercado laboral.
También pone el foco en su complementariedad con las rentas autonómicas que existen en regiones como Galicia, donde por ahora el IMV y la Risga son incompatibles, como demuestra el envío de cartas que inició la Xunta hace unas semanas reclamando la devolución de las prestaciones que extendió mientras sus beneficiarios tramitaban el IMV, que acabaron cobrando de una sola vez: «La compatibilidad con las políticas regionales todavía no se ha desarrollado del todo [...] La coordinación con las regiones será crucial para garantizar que los beneficiarios tienen un trato similar», desliza el informe. El Gobierno atribuye esta falta de coordinación a la decisión de algunas comunidades como la gallega de no querer compatibilizar ambas ayudas.
Madrid, paraíso fiscal
Gurría se reafirmó en las acusaciones vertidas por el organismo en un informe en el que se hablaba de la comunidad de Madrid como un «paraíso fiscal» dentro de España. «Si tienes varias regiones y casa quien compite por atraer más clientela, lo que va a pasar es una carrera a la baja, hacia el cero, hay que evitarlo a toda costa», señaló antes de pedir más homogeinización entre comunidades para evitar distorsiones. «No estamos recomendando que suban ahora los impuestos, ni mucho menos, si no cuando se consolide la recuperación. Pero no es el momento de atraer de manera artificial a clientes», deslizó.
«La competencia a la baja en los impuestos nos empobrece a todos» abundó la ministra Calviño, quien garantizó que ahora mismo la prioridad es la recuperación de la economía y el empleo: «No se va a abordar una subida de impuestos», confirmó en respuesta a un posible endurecimiento del IVA. Al menos hasta el 2022, cuando esté listo el informe del comité de expertos fiscales.