Xunta y concellos tendrán hasta marzo para subir el 1,5 % extra a sus funcionarios
ECONOMÍA
Los de la Administración General del Estado cobrarán ya en noviembre
19 oct 2022 . Actualizado a las 19:17 h.Los funcionarios de la Administración General del Estado cobrarán ya en noviembre la paga extraordinaria con la subida adicional del 1,5 %, que se aplicará con carácter retroactivo desde enero. Así se recoge en el acuerdo firmado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los sindicatos UGT y CC.OO., en el que se establece que las comunidades autónomas y las entidades locales (concellos y diputaciones) tendrán hasta marzo del 2023 para actualizar los salarios de sus trabajadores. La ministra detalló que si estas administraciones no tienen la liquidez necesaria para afrontar este incremento salarial podrán financiarla a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o acudir a los mercados, para lo que se habilita la autorización correspondiente de endeudamiento.
Con este segundo incremento, los empleados públicos verán actualizados sus salarios un 3,5 % este año, todavía muy por debajo de la inflación acumulada (cuya tasa alcanzó el 8,9 % interanual en septiembre). De cara a los próximos años, el acuerdo suscrito garantiza una subida fija del 2,5 % en el 2023, a la que se podría sumar un punto adicional en función de parámetros de evolución del PIB y el IPC. En el 2024, el alza será del 2 %, con un variable adicional de medio punto vinculado a la inflación.
Además, el texto pactado entre el Gobierno y los dos sindicatos, del que se ha desmarcado la central de funcionarios CSIF, recoge mejoras en las condiciones de trabajo, como la jornada laboral de 35 horas semanales, la obligación de introducir cambios normativos para establecer planes de igualdad en todas las administraciones públicas o la derogación de recortes. También se incluye la derogación de la supresión de la jubilación parcial para el personal funcionario o el fomento del teletrabajo.
Aportación al pacto de rentas
La ministra Montero defendió que el acuerdo salarial formalizado este miércoles es la aportación del sector público al pacto de rentas para contener la escalada de la inflación y al que debería sumarse también el sector privado. «Siempre se nos ha pedido por parte de las organizaciones empresariales que avanzáramos en el ámbito público para aportar un acuerdo al pacto de rentas. Pues aquí está», afirmó.
El coordinador del Área Pública de CC.OO., Humberto Muñoz, valoró el acuerdo «porque recupera el dialogo tras dos años de decisiones unilaterales» en un contexto económico «muy complicado» y marcando una senda «ante unas patronales cerradas al diálogo». Por su parte, el secretario general de UGT, Julio Lacuerda, destacó que va a amortiguar de manera sensible los efectos negativos de la inflación y que «en la historia de nuestro país, es la primera vez que en tiempos de crisis los empleados públicos no sufren recortes».
Sin embargo, para CSIF, sindicato mayoritario en la función pública, el de este miércoles fue «un acto de propaganda» porque la subida salarial pactada es insuficiente y «condena» a los empleados públicos «a una nueva pérdida de poder adquisitivo». «Mientras Gobierno y el resto de los sindicatos se encuentran en la propaganda, CSIF seguirá presionando a través de la movilización y la interlocución en el Congreso», subrayó en un comunicado, en el que recuerda que tiene planteadas movilizaciones en organismos como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo, así como en Justicia y Sanidad.