La industria avisa: «La crisis energética no ha pasado, con estos precios eléctricos, no podemos ser competitivos»

F. F. LA VOZ

ECONOMÍA

XOAN A. SOLER

El sector no aprecia recuperación de la actividad pese a que las tarifas se han reducido

17 jun 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

«La crisis energética no ha pasado, con estos precios eléctricos, la industria electrointensiva no puede ser competitiva», advierte Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege). Ese sector fue uno de los más castigados por el fuerte incremento experimentado por el mercado mayorista de electricidad durante los años 2021 y 2022 y, pese a que los precios se han enfriado, siguen estando más caros que antes de que comenzase la crisis energética, a mediados del 2021. Así, el megavatio hora se cotiza este año de media a 88 euros, la mitad que en el 2022, a 167; en el 2021 fueron 111.

Las industrias reaccionaron a las tarifas alcanzadas el año pasado reduciendo consumo: bien produciendo menos, bien parando máquinas directamente. Según el dato proporcionado por Pedro González, la demanda eléctrica de las compañías asociadas a Aege cayó un 25 %; es decir, una de cada cuatro dejaron de producir. Lo preocupante, que la patronal teme que esa destrucción de la demanda que generaron los elevados precios eléctricos haya llegado para quedarse. Porque, avanza González, pese a que todavía no maneja cifras oficiales, por lo que le cuentan los asociados, «no vemos señales de recuperación de la demanda industrial».

«No vemos señales de recuperación de la demanda industrial»

El director general de Aege aclara que el problema no es solo que la electricidad siga siendo cara, sino que sus competidores europeos sí están accediendo a energía más barata para producir. «No sabemos cómo vamos a competir así, no vemos relajación de los precios», lamenta. Por eso, la patronal sigue reclamando al Gobierno que, como mínimo, aplique medidas que permitan igualar los precios que paga la industria nacional con los de países, como Portugal, Francia o Alemania. En este último, la tarifa propuesta para el sector ronda los 60 euros por megavatio hora. «Nosotros estamos muy lejos de ella», lamenta el portavoz.

La industria electrointensiva paga la electricidad a precio de mercado diario, aunque tanto desde el Ministerio para la Transición Ecológica como desde la Comisión Europea, en su propuesta de reforma del mercado eléctrico, tratan de impulsar los contratos de suministro a largo plazo y a precio fijo, o PPA. Sin embargo, existen limitaciones para que la industria acceda a ese producto, explica Pedro González. Entre ellas, el precio. Y es que las ofertas que están llegando a las industrias vinculan la tarifa a la cotización del gas natural, aunque se trate de electricidad renovable. «A corto plazo pueden ser precios competitivos, pero no a medio», porque el coste del hidrocarburo se estima que se va a abaratar, aclara. Así, «¿por qué voy a firmar un precio de entre 80 y 90 euros a cinco años, si dentro de tres puede ser más bajo?».

Además, explica, el tipo de PPA que se está comercializando entre la industria consiste en que el generador renovable vende toda la producción a la industria, pero ¿y cuándo no sopla el viento o no hace sol? Por eso, Pedro González explica que esos productos son una solución parcial para cubrir una parte del consumo energético.

La patronal electrointensiva aspira a que se comercialicen PPA diferentes, a plazos más amplios, y cuyos precios no estén vinculados al precio del gas, sino al de las renovables, mucho más bajos.

Entre tanto se desatasca el mercado de los contratos a largo plazo, la industria se encomienda a las ayudas incluidas en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, modificado hace unos días por el Consejo de Ministros para ampliar el número de empresas beneficiarias. Según el Ministerio de Industria, pasarían de las 612 actuales a 1.180.

Pedro González considera que esa ampliación no debería perjudicar a las grandes compañías aunque haya más a repartir. Dentro del estatuto están incluidas las ayudas por los costes de las emisiones indirectas de CO2, este año de 244 millones, que el sector reclama que se dupliquen hasta los 450 millones, el máximo permitido por la Comisión Europea. También está la rebaja de costes regulados en la factura, aunque la exención del 80 % de los peajes expira a finales de mes y no se prevé que se prorrogue.