El Supremo exime al Estado de tener que indemnizar a Cabify por exigirle una doble licencia
ECONOMÍA
La compañía le reclamaba 237,5 millones de euros por daños económicos
22 ago 2023 . Actualizado a las 22:42 h.Nuevo revés judicial para los VTC después de que el Tribunal Supremo haya rechazado la demanda presentada por la filial de Cabify, Vector Ronda, por supuestos daños económicos derivados del «decreto Ábalos», el sistema de doble licencia establecido por el exministro de Transportes en el año 2018.
El sector, en boca de Cabify, solicitaba al Estado una indemnización de 237,5 millones de euros por daños económicos tras haber tenido que obtener una doble licencia, una estatal y otra autonómica, para operar como vehículo de transporte con conductor (VTC) en el ámbito urbano, lo que equivalía a un acto «expropiatorio» que afectaba gravemente a su negocio, según argumentó Vector Ronda en su denuncia.
Pero la sentencia del Supremo a la que ha tenido acceso este periódico avala esta normativa y destaca que la obligación de tener una doble licencia «no ha ocasionado daños patrimoniales indemnizables». La argumentación de los magistrados es que el período de transición de cuatro años establecido en la normativa permitió a los conductores adecuarse a la nueva regulación, evitando así «cambios bruscos» en su cifra de negocio y que los conductores se adaptaran al nuevo marco legal. En la práctica, la normativa limitaba las autorizaciones VTC al ámbito interurbano, con un período transitorio de cuatro años que concluyó en el 2022.
Guerra judicial con el taxi
Los denunciantes advertían de que esta normativa afectaba al valor de las licencias y ocasionaría la desaparición de los VTC, pero la sentencia rechaza este punto y considera que no hay «derechos patrimoniales indemnizables» en este contexto. De hecho, cita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado mes de junio se pronunció sobre este asunto declarándolo también compatible con las normas de la UE.
Este es solo un capítulo más en la guerra judicial abierta entre los VTC y el sector del taxi. La última batalla también la habían ganado los taxis, cuando el pasado mes de junio se blindó al sector declarándolo como servicio de interés público y permitiendo a las comunidades y ayuntamientos bloquear nuevas licencias de Uber, Bolt o Cabify.
De esta forma, el Gobierno aprobó un real decreto ante la amenaza de una gran movilización de los taxistas tras una sentencia del TJUE que exigía que se eliminara la ratio de un VTC por cada 30 taxis que se establecía en diferentes puntos del país.
El texto otorgaba a las comunidades y ayuntamientos herramientas para limitar la avalancha de nuevas autorizaciones de licencias VTC (hasta 100.000, según los taxistas) que podrían comenzar a registrarse tras esta decisión argumentando motivos medioambientales y de gestión del tráfico.
Desde las patronales VTC rechazaron categóricamente el decreto, considerando que iba en contra de la sentencia del TJUE. «Se han saltado los procedimientos y han ninguneado a los VTC», aseguró José Manuel Berzal, presidente ejecutivo de Unauto, en declaraciones a este periódico.