Trabajo y Economía liman asperezas en la extensión a más adultos sin hijos y en aplicar un ajuste de la ayuda a medida que vaya pasando el tiempo
19 dic 2023 . Actualizado a las 17:46 h.Ni Nadia Calviño ni Yolanda Díaz tendrán descanso en un puente que estará marcado por las negociaciones para reformar el subsidio por desempleo. Los posibles cambios han tensado las negociaciones entre ambas vicepresidentas por dos cuestiones que parecen por ahora insalvables entre ambas: la cuantía de la ayuda (actualmente, 480 euros al mes, un 80 % del IPREM) y la posibilidad de que la prestación sea compatible con un puesto de trabajo.
Así lo indican fuentes de la negociación, que admiten la complejidad para ponerse de acuerdo, aunque también insisten en que se llegará a un pacto: lo exige la Unión Europa para liberar el cuarto pago de los fondos europeos (10.000 millones de euros) y también el momento político, un inicio de legislatura en el que no se puede ofrecer una imagen de ruptura del Consejo de Ministros. Aunque una de ellas, Calviño, estará con un pie fuera del Ejecutivo si el viernes es elegida presidente del Banco Europea de Inversiones.
La única propuesta que se conoce es la del Ministerio de Trabajo, que aboga por incrementar la cuantía actual del subsidio hasta los 660 euros durante los seis primeros meses, para después bajar a los 540 euros y posteriormente a los 480 euros. Desde Economía no han ofrecido datos concretos, aunque diversas fuentes insisten en que no abogan por recortar los 480 euros actuales, sino partir de esa cifra para introducir otros cambios en la prestación que se concede a quien ha agotado el paro.
En este punto de fricción también tienen voz otros dos departamentos del Gobierno que se encuentran incluidos en la negociación y de los que no se conoce su opinión Hacienda, al tratarse de una ayuda con impacto en las cuentas públicas; y Seguridad Social, al contar con un sistema de protección como el ingreso mínimo vital (IMV) que puede hacer las veces de parapeto a los parados de larga duración para complementar el subsidio. Incluso el Ministerio de Agricultura está inmerso en las conversaciones por si se amplía la ayuda a agricultores de fuera de Extremadura y Andalucía, a los que no llega el PER.
La posibilidad de cobrar el subsidio al mismo tiempo que se trabaja es la otra línea roja a superar en la negociación. Trabajo aboga por establecer esa compatibilidad durante los primeros 45 días. Sin embargo, Economía insiste en ampliar ese período a varios meses para que el trabajador tenga un complemento que le permita estar en activo y cobrar el subsidio, para «fomentar el mercado laboral» en lugar de «subsidiar» el paro.
En lo que sí están de acuerdo Díaz y Calviño es en extender la ayuda a colectivos que hasta ahora no tenían derecho a cobrarla, como los menores de 45 años sin cargas familiares o en la reducción paulatina de la cuantía del subsidio, que hasta ahora era lineal.
Sea la fórmula que sea la que se ponga en marcha, España deberá presentar su reforma de esta prestación antes de que finalice diciembre ante la Comisión Europea. Además, Bruselas tiene que dar el visto bueno a unos cambios que considerará acordes. A la vez que sindicatos y patronal mostrarán su opinión. Por ahora, las divergencias también son notables. Los empresarios son más partidarios de la propuesta insinuada por Calviño frente a UGT y CC OO, que quieren ampliar las cuantías de la ayuda mucho más allá de lo que les ha planteado Díaz en sus conversaciones de esta semana.