El Gobierno diseña un impuesto energético minimizado a cambio de impulsar inversiones sostenibles

J. M. C. MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

LIESA JOHANNSSEN | REUTERS

El gravamen en el que trabaja el Ejecutivo tendrá en cuenta el nuevo contexto de precios, como ha anticipado Sánchez

10 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Son varios los términos y definiciones con los que Pedro Sánchez y Teresa Ribera han anticipado la nueva configuración del impuesto extraordinario a las compañías energéticas. Del «rediseño» del tributo anunciado por el presidente del Gobierno el jueves en Antena 3 al «margen razonable» que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica apuntaba en una entrevista el pasado fin de semana. Lo que ambas expresiones revelan —junto a otras muchas lanzadas en los últimos días— es un gravamen que tendrá un impacto mucho menor que el actual para las compañías del sector a partir del 1 de enero de 2024.

El Ministerio de Hacienda, donde se está elaborando el nuevo impuesto, trabaja con varios frentes a la vez. Por una parte, el político: PSOE y Sumar acordaron en su pacto de gobierno de coalición una extensión del tributo extraordinario a partir del próximo año. Es un compromiso de Sánchez con Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha insistido en la necesidad de seguir aplicándolo. Pero, al mismo tiempo, partidos como el PNV entran en la ecuación advirtiendo del impacto que puede tener su aplicación tal y como está en el País Vasco, donde se concentran buena parte de la actividad y sedes sociales de las firmas afectadas. Repsol, en el primer caso, e Iberdrola, en el segundo.

Una de las fórmulas en las que se está trabajando pasaría por vincular el impuesto a proyectos industriales que apoyen la transición energética. Es decir, que cuantos más compromisos adquieran las compañías gravadas en este camino verde, más beneficios (incluidos créditos fiscales, por ejemplo) se aplicarían en la estructura del gravamen, que podría quedar reducido a su mínima expresión.

Esta opción ya la había anticipado el propio presidente del Gobierno al apuntar que «hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que de alguna manera estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales».

Fuentes gubernamentales indican que en la configuración del tributo se tendrán en cuenta todas esas decisiones de inversión para ir reduciendo su impacto fiscal. En este punto, llega otra variable que se tendrá en cuenta: las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea no tendrían en cuenta como déficit público las inversiones que se materialicen en transición energética, con lo que el Estado vería aliviada esa presión tributaria con un impuesto y unos ingresos mucho más mermados que con la actual estructura.

Críticas desde el principio

El impuesto extraordinario a las energéticas (y a la banca) ha generado gran polémica. El Gobierno lo puso en marcha por la situación excepcional del sector, con unos precios energéticos disparados que ahora se han ido matizando. Entre las respuestas más contundentes contra el tributo está la de Repsol, que advertía que podrían llevarse inversiones a Portugal o Francia, si España mantenía el actual esquema fiscal, más gravoso que en otros países europeos.