El Estado acelera el desembarco en firmas estratégicas por miedo a perder el timón de la economía

Lo que hace unos años era una operación empresarial de renombre, hoy implica un seísmo económico y político que puede afectar a la seguridad del Estado. La onda expansiva de asaltos como el de la operadora saudí STC en Telefónica; el de la firma estadounidense BlackRock en uno de los principales accionistas de la energética Naturgy; el de la compañía húngara de ferrocarriles en el fabricante de trenes Talgo; o el continuo interés exterior por Indra han encendido las alarmas en el Gobierno. Y no solo en los ministerios económicos, sino también en estratégicos como Defensa o Exteriores. Detrás de cada uno de esos movimientos teóricamente empresariales se pueden esconder posiciones políticas que actúan como un caballo de Troya: aprovechan la coyuntura para tomar posiciones en empresas que manejan datos sensibles, seguridad nacional o control de infraestructuras claves para el funcionamiento de todo el país.

«Ya no quedan casi dinámicas de mercado, sino dinámicas que son realmente geopolíticas», explica Ángel Saz, director de EsadeGeo. «Hay que protegerse porque el mundo se ha vuelto geopolítico», argumenta. En esa espiral se han instalado ya los Gobiernos de toda Europa. También España: el shock del coronavirus destapó la vulnerabilidad de los pilares económicos, muy dependientes de otros países cada vez más lejanos, como China o los del golfo pérsico.

En el 2020, el Ejecutivo activó su escudo antiopas: una norma para evitar que empresas extranjeras aprovecharan los precios de derribo de aquella época para entrar en firmas españolas. Pero, una vez superada la crisis, la amenaza sigue. Se acentúa. Y España ha optado por la intervención directa en compañías claves. Sigue la estela de otras potencias, como Francia, Italia y, en parte, Alemania. Aunque no hacen lo que otros territorios como los Países Bajos, el Reino Unido o los nórdicos. «Ellos hacen lo mismo, defenderse, pero sin intervenir directamente en los accionariados», explica Ángel Saz. ¿Cómo? «Filtrando inversiones y bloqueando pretensiones de ciertos accionistas no deseados en industrias críticas», afirma.

Participación directa

España ha regresado a la participación directa pública en corporaciones, después de haberlas terminado de privatizar hace apenas dos décadas. Lo hace a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en Hispasat, Enagás, Airbus o IAG, por ejemplo. Para ello necesita endeudarse, porque tener ese capital —como la operación prevista en Telefónica— implica emitir deuda pública. Aunque después reciben ingentes cuantías de dividendos.

Buenos gestores... o políticos

La cara B de esta intervención es la gobernanza. O la buena gobernanza. Diversas fuentes del mercado insisten en que cualquier desembarco estatal en una empresa privada requiere evitar los riesgos de intervencionismo político, con la designación de directivos vinculados a los partidos, pero no siempre bien preparados para esos puestos. De hecho, España es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde más cargos cambian en la estructura del Estado cuando hay un relevo en el Gobierno. Solo Turquía nos adelanta en este triste ránking.

La OCDE advierte que esta politización favorece el ascenso de personas no cualificadas y daña la imagen de las instituciones. Ese es el temor que tienen los grandes accionistas de Telefónica, la compañía en la que entrará el Estado. Lo hará por ser estratégica, pero también muy regulada. La rigidez viene heredada de cuando era un antiguo monopolio, situación que ya no tiene nada que ver con la actual. La operadora exige la «desregulación total» porque «se ha quedado obsoleta», con una corporación que ya no es ni mucho menos un monopolio, ni es la mayor del mercado (la fusión de Orange y MásMóvil relegará a Telefónica de la primera posición), ni tiene en el cobre el corazón de su negocio —en abril, coincidiendo con su centenario cerrará este negocio y el centro será la fibra—.

Telecos en la diana

Las operadoras de telecomunicaciones viven un momento crítico. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que esta semana se ha reunido con responsables de STC para tratar la entrada de la operadora saudí al accionariado, viene demandando desde hace años en el Mobile World Congress (MWC) el fair share: que las grandes tecnológicas paguen por el consumo masivo que hacen de la infraestructura de red que ellas se ocupan de modernizar, ampliar y desarrollar. Este año ha pedido «colaboración» y evitar «abuso».

El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, sorprendió a la industria el pasado lunes, cuando anunciaba la creación de una empresa pública sobre la que se instrumentalizarán las inversiones del Gobierno en tecnológicas. Una especie de SEPI digital: la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dotada con 20.000 millones de euros para tomar posiciones en este sector. En este caso, el Estado no tendrá que endeudarse. Los fondos proceden de los Next Generation y estaban destinados sobre todo al PERTE Chip. Si la SETT es el instrumento final para hacerse con el 10 % de Telefónica («tiene todo el sentido que se haga a través de la SETT», aseguró el propio Escrivá en el Mobile), será con deuda. El Consejo de Ministros aprobará la creación de la entidad este martes. Estará lista «en dos o tres meses». Su creación ha pillado por sorpresa a parte del Ejecutivo —puede arañar competencias a Hacienda o Economía— y a las empresas. El martes, pues, se conocerán los detalles de este otro organismo que quiere reforzar el papel público ante la creciente amenaza mundial.

La entrada en el capital de Telefónica, pendiente de los Presupuestos

Dos meses y medio han transcurrido desde que el Estado anunció formalmente su intención de hacerse hasta con un 10 % del capital de Telefónica, aunque, por ahora, no hay visos de que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) haya acometido las primeras compras de paquetes de acciones. El primer sorprendido ante esta parálisis es el propio equipo gestor, que no ha tenido noticias sobre la operación. Aunque desde el Ministerio de Hacienda —el departamento con competencias sobre la SEPI— mantienen el mutismo, el mercado bursátil apunta a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para el 2024 como la principal razón por la que el Gobierno no ha iniciado el desembarco en la compañía de telecomunicaciones.

Límite de endeudamiento

La SEPI cuenta anualmente con un límite de endeudamiento que le habilitan las cuentas públicas de cada año. Y, con los Presupuestos de 2023 prorrogados desde el pasado 1 de enero, sería imposible iniciar la compra del 10 % de Telefónica. Sin embargo, el proyecto de ley para las cuentas públicas de este año ni está aún ni se le espera a corto plazo. Antes de que ese texto pase por el Consejo de Ministros, el Gobierno tiene que llegar a un acuerdo sobre la ley de amnistía para lograr el apoyo de Junts a esa norma y también a las cuentas necesarias para otorgar el margen financiero necesario para que la SEPI pueda adquirir el paquete accionarial anunciado a finales del 2023. Porque la operación supondrá el desembolso de unos 2.000 millones de euros, calculados en base a la cotización con la que cerró la compañía este viernes. Sería un 6 % más que el precio que registraba la firma cuando el Ejecutivo anunció la operación. Es decir, al Estado le costaría hoy unos 150 millones de euros más acometer la entrada en Telefónica que si lo hubiera hecho en las semanas posteriores al anuncio.

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